Luego de la salida del exdirector del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Ñuble, Pedro Navarrete, quien dejó su cargo en medio de diferencias políticas tras conceder el proceso de participación ciudadana en el marco de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) presentada por la empresa Maquinarias y Transportes Aninat que pretende instalar un proyecto de extracción de áridos de un volumen de 500 mil m3 en el río Itata, el seremi de Medio Ambiente, Patricio Caamaño, opinó que “en las DIA siempre y cuando exista un grupo de personas que las pida, la participación ciudadana se puede abrir. Pero en estos proyectos, la normativa te acoge para no generar este tipo de participación, principalmente, cuando no hay carga ambiental”. Sus declaraciones fueron cuestionadas y rebatidas por los vecinos de la cuenca del río Itata, que agrupa las comunas de Quillón, Bulnes y Ránquil, afectadas por el proyecto.
Ricardo Torres, presidente del Comité medioambiental de la cuenca del Valle del Itata detalló que “la reunión fue a través de la ley del Lobby, los otros seremis nos escucharon antes, pero lamentablemente con él tuvimos que usar esa instancia de carácter obligatorio. Sus declaraciones son inapropiadas y van en contra de la dinámica de las instituciones porque el SEA es un organismo independiente. No veo cuál es el problema de que nos manifestemos respecto al daño que este proyecto nos puede provocar”, enfatizó.
“Si él considera que no hay carga ambiental, está equivocado, pues hay razones de peso para pensar que hay daño potencial que implica una consulta. En la reunión 
él siguió planteando que para este tipo de proyectos el veía que no correspondía la participación, nosotros le indicamos que sí”, recalcó.
Y agregó que “nos preocupa que la salida del director del SEA se haya producido justamente en instancias tan cercanas a la aprobación o rechazo del proyecto, para lo que falta solo un par de meses. Además, nuestra opinión siempre ha sido que esto ameritaba un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) no una DIA”.
Legislación ambiental
El abogado experto en derecho ambiental, Ricardo Frez, explica que “existe una debilidad en la normativa ambiental que regula el proceso de participación ciudadana. El problema es en las DIA donde en principio la ley no establece como obligatoria la participación -a diferencia del EIA- y se da la posibilidad que sea la comunidad dentro de un plazo muy acotado la que solicite, y además tienen que acreditar que el proyecto genera cargas ambientales positivas y negativas, lo que es complejo para los vecinos, porque es difícil que visualicen impactos positivos”.
El abogado consideró que “respecto a la declaración del seremi es cuestionable y reprochable porque las intervenciones políticas no debieran ser parte de evaluación ambiental, esto altera la imparcialidad del SEA, menos cuando son los seremis los que facilitan instancias de participación de las mismas empresas en evaluación ambiental”. Y destacó que la participación dada en la DIA del proyecto, “no es una innovación de las autoridades del SEA o del Gobierno, lo establece la ley, no se tiene por qué agradecer o cuestionar. Si se concedió es porque los vecinos supieron acreditar que efectivamente habían cargas ambientales y ameritaba que la ciudadanía tuviera una injerencia activa en la evaluación. Todos los procesos de áridos por sus circunstancias de operación son invasivos ambientalmente, por lo que debiera ser una tónica que se repita. Están totalmente desregulados, hay intereses contrapuestos entre las municipalidades que reciben aranceles y que en base a esos intereses muchas veces dejan de lado su rol fiscalizador, por lo que cobra relevancia que sea la comunidad la que supervise”.
Sin participación
Ghislaine Vallejos, coordinadora de la Asociación de Defensa del Entorno Ecológico y patrimonial del sector poniente, que reúne a vecinos afectados por cinco plantas de áridos ubicadas en un radio de 12 kilómetros desde Huape a Confluencia, y que se encuentran en alerta por dos nuevos proyectos que pretenden instalarse en la zona, asegura que la comunidad no pudo partipar del proceso. “La empresa lo hizo en forma silenciosa, y cuando el SEA realizó la invitación para realizar observaciones al municipio de Chillán, este no se dio por aludido en ambos proyectos, por lo que no informó a las comunidades, cuando nos enteramos ya estábamos fuera de plazo. Estos proyectos sí tienen una carga ambiental para nosotros”.
