Una serie de críticas a las prestaciones en atenciones de salud mental, como a la participación de la Justicia en materia de cuidados de los niños y adolescentes de la región, generó la muerte de una niña de 12 años, tras caer del quinto piso de la torre principal del Hospital Herminda Martín de Chillán.
Mientras que desde el Ministerio Público aclaran que aún no es posible determinar las circunstancias exactas de la dinámica de este hecho, sí se afirmó que la víctima era paciente del establecimiento de salud y que había sido ingresada a la Unidad de Pediatría por orden del Juzgado de Familia de Bulnes.
Además, desde Mejor Niñez, su directora regional, Virginia Alvayay, admitió que la niña era parte de dos programas cautelados por esta entidad de protección para menores, uno de ellos de carácter ambulatorio y otro asociado al programa alternativo de “cuidado externo” que este servicio ha estado promoviendo, invitando a las familias a acoger a niños y adolescentes en sus rutinas familiares.
Sin embargo, advierte que “en este caso en particular, esa familia de acogida no fue resuelta por el servicio. De manera voluntaria, se presentaron el 30 de junio en el tribunal de Bulnes para pedir los cuidados personales, por lo tanto, no son parte del grupo de Familias de Acogida inscrita en nuestro servicio”.
Como resultado de esta situación, la directora apunta a la responsabilidad de todos los estamentos que participan en los cuidados de estos menores, considerando que muchos de ellos tienen graves problemas de salud mental, vulneración de derechos y policonsumo de estupefacientes.
“Requerimos que el Servicio de Salud tenga todos los dispositivos y la especialización, por que es la niñez y la adolescencia la que requiere que estemos a la altura de esos problemas. Aquí hay otros servicios que están involucrados y espero que la Fiscalía nos entregue claridad respecto a lo que pasó”, añadió.
En tanto, desde el mundo parlamentario, la diputada por Ñuble, Marta Bravo, envió un oficio al Ministerio de Salud, exigiendo explicaciones acerca de las medidas que se tomarán tras este desgarrador incidente.
“Necesitamos conocer las acciones que se implementarán para prevenir que esto vuelva a ocurrir. No podemos permitir que nuestra creciente población infantil esté en peligro debido a la falta de recursos adecuados en salud mental”, comentó la parlamentaria.
Esta tragedia, según la también doctora, pone en evidencia “la urgencia de reforzar el apoyo en salud mental para los niños, especialmente en situaciones de internación”.
Desde lo investigativo, la causa fue asignada al fiscal jefe de Chillán, Sergio Pérez, mientras que el jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI de Chillán, subprefecto Iván Ortiz, dijo que “se van a sumar otras brigadas especializadas al trabajo que estamos haciendo, para determinar la vulneración de derechos que ella habría sufrido y si fue víctima de otro tipo de delito con anterioridad”.
