El pasado domingo 28 de julio, Nicolás Maduro fue reelegido como presidente de Venezuela por tercer mandato consecutivo, luego de obtener, supuestamente, más de 5,15 millones de votos (51,2 %).
Tal resultado ha sido ampliamente cuestionado no solo por la oposición venezolana, sin embargo, la autoridad electoral aún no presenta el detalle de las votaciones, mientras crece la presión internacional por un escrutinio transparente e imparcial, pues lo que el régimen de Maduro define como “observadores internacionales”, en honor a la verdad, fueron personeros políticos afines a él, entre ellos varios chilenos que militan en el partido comunista y en otros movimientos de extrema izquierda.
La única entidad imparcial y confiable que pudo estar presente en los comicios, el Centro Carter de Estados Unidos, redactó un informe lapidario, estableciendo que los resultados eran “dudosos” y que la elección del líder chavista “no cumplió” con los diferentes estándares internacionales. “No se puede verificar ni corroborar los resultados de las elecciones declaradas por el Consejo Nacional Electoral. El hecho que la autoridad electoral no anuncie resultados desglosados por mesa electoral constituye una grave violación de los principios electorales”, manifestó la organización.
Por su parte, la oposición liderada por María Corina Machado publicó en un sitio web copias de las actas de votación que demostrarían la victoria de su candidato, Edmundo González Urrutia, por amplia mayoría. “Le ofrecimos al régimen que aceptara democráticamente su derrota y avanzar en una negociación para asegurar una transición pacífica; sin embargo, han optado por la ruta de la represión y la violencia”, comentó Machado en la red social X.
Mientras tanto, Venezuela comienza a retomar una normalidad solo aparente, pues hay un generalizado ambiente de temor en la población, sobre todo en aquellos que son identificados como opositores. La reciente habilitación de una app para teléfonos móviles, destinada a “denunciar a los “fascistas”, ejemplifica el clima de represión y el delirio de Nicolás Maduro, que aún cuenta con el respaldo de las fuerzas armadas.
La delicada situación política y social que vive el país más rico en recursos naturales de América Latina tiene pendiente al mundo entero, y muy especialmente a los países de la región, que temen una nueva oleada migratoria que aumente una diáspora cifrada por la ONU en 7,5 millones de personas, de las cuales más de 700 mil han llegado a Chile. De hecho, el Gobierno dispuso ayer el fortalecimiento de los controles fronterizos.
Sobran razones (humanitarias, políticas, económicas) para estar atentos a lo que ocurre en Venezuela, pero ello no significa importar a Chile el conflicto y la división que impera en el país caribeño, instalando antinomias artificiales y miradas irreconciliables que postergan discusiones de políticas públicas que son fundamentales para la gran mayoría de los chilenos y chilenas.
