Dos dirigentes se disputan el liderazgo de la Junta de Vigilancia del Río Chillán (JVRC), organización que reúne a 50 canales (35 operativos) y cerca de dos mil usuarios de agua, quienes ven cada vez más lejana la posibilidad de contar con un embalse a medida que la crisis de gobernanza se prolonga.
Por un lado, Francisco Jünemann Valenzuela, presidente del Canal La Palma, fue elegido presidente de la JVRC en una reunión del directorio realizada en junio de 2025, quien denuncia una serie de irregularidades y desorden administrativo durante los 30 años de gestión liderada por Héctor Jaque Cuevas, quien, por su parte, asegura que sigue en la presidencia y desmiente las acusaciones, de hecho, impugnó la elección de nuevos cargos.
La Dirección General de Aguas (DGA) -entidad que supervisa estas organizaciones- no ratificó la nueva directiva, pero tampoco reconoce la directiva que encabeza Jaque, conformada tras la elección de noviembre de 2024. De acuerdo con la DGA (ORD. N°169/2025) “sólo se tiene claridad del directorio electo el 27 de noviembre de 2024” y ha exigido expresamente que los directores electos se reúnan nuevamente para designar cargos.
“Yo ingresé a la Junta en noviembre de 2024, a petición de Héctor Jaque; en ese momento la Junta tenía denuncias de los socios porque no se habían realizado correctamente las elecciones, entre ellos, Hans Stempel, Álvaro Gatica y Hernán Ruiz. El compromiso era que, una vez terminadas las elecciones, íbamos a empezar a ordenar la Junta y ordenar el río. Yo siempre dije que quería ordenar la casa, porque para el proyecto de embalse se requiere orden en los canales. Yo fui elegido director, Jaque quedó como presidente y yo como secretario”, relató Jünemann.
Pero a poco andar surgieron los problemas, comentó el dirigente, quien apuntó a la opacidad de la gestión de Jaque. “Le pedía un acta, pero no aparecía, era un desorden de carpetas que nadie entendía. Nunca pude ver un documento, nunca mostró nada, todo era de palabra, entonces ahí comenzaron las dudas. Hizo una modificación de estatutos que nunca fue validado por la DGA. En temas de administración y finanzas nos encontramos con sorpresas, había personas que trabajaban sin contrato, con acuerdos de palabra; por otro lado, notamos que los socios hacían pagos en efectivo a la Junta sin ningún registro, sin documentos, nosotros solicitamos el listado, pero nunca lo transparentó, aumentaba las multas de manera arbitraria y luego las perdonaba para que la gente le debiera favores, incluso llegó al extremo de condonar las deudas por multas de personas humildes a cambio de acciones que inscribió a su nombre; por otro lado, hizo traslados de agua sin respaldos, lo que termina perjudicando a los regantes”, aseveró.
“En la práctica, Héctor Jaque tiene todas las funciones de gestión en la Junta, a pesar de que el Código de Aguas establece explícitamente que los directores no pueden trabajar para la Junta, no pueden ser administradores ni gerentes, pero él es todo, él controla todo, nunca ha permitido que haya un administrador, argumentando que es una organización pobre”, precisó Jünemann, quien declaró que “Héctor Jaque ha hecho todo mal, porque no sabe ni entiende la legislación”.
Además, reveló que Jaque habría comprado acciones del río Chillán a partir de 2010, “en un periodo en que Essbio requería comprar acciones, entonces, tiempo después le vendió agua a la sanitaria como particular, lo que representa un evidente conflicto de intereses. Y más irregular aún es que le vendió agua en litros, lo que es irregular y significa, para Essbio, un suministro asegurado a todo evento, independiente de la sequía, y mientras el canal de Essbio está lleno, los canales vecinos lucen secos y lamentablemente, la DGA no ha hecho nada”.
Precisó que Héctor Jaque suscribió contratos con Essbio en 2010, 2015 y su renovación en 2018, este último, aún vigente; primero, como particular, y luego, como parte de una sociedad. “Además, nos reveló en una reunión que Essbio pagaba $20 millones anuales por sobreconsumo desde el 2015, una figura que no existe en el Código de Aguas, y peor aún, no sabemos dónde está esa plata. Además, la empresa pagaba a la Junta por acciones de agua un monto superior al que le correspondía, entonces, le pregunté a Héctor Jaque, pero él me respondió ‘¿qué te importa?, ¡quédate callado!”.
Curiosamente, a pesar de los lamentos por la falta de recursos que expresaba Jaque, Jünemann descubrió que en una cuenta bancaria de la JVRC había $100 millones, “lo que nos hubiese servido para pagarle a un abogado y a un ingeniero para que ordene la casa, pero él se negó a usar ese dinero”.
Dos presidentes
Con todas estas sorpresas, los conflictos fueron creciendo y la confianza se perdió, por lo que Jünemann, junto a otros dirigentes y miembros del directorio comenzaron a conformarse como una oposición con el objetivo de sacar a Jaque de la presidencia.
Tres directores convocaron a reuniones de directorio en junio de 2025, a una de las cuales asistió Jaque. Si bien se eligió una nueva directiva, Jaque la impugnó y llevó el conflicto a la DGA, que, por razones de forma, tampoco reconoció la directiva y en septiembre de 2025, a través de la circular 169, solo reconoció la elección de noviembre de 2024, con los cinco directores elegidos, y exigió elevar a siete el número de directores, según establece la ley.
Posteriormente, en octubre de 2025, para dar cumplimiento a lo exigido por la DGA, se realizó una nueva reunión de directorio, convocada por tres directores, a la que no asistió Jaque. Finalmente, la nueva directiva quedó conformada por Jünemann como presidente, Hernán Ruiz como tesorero y Hans Stempel como secretario. En paralelo, Héctor Jaque conformó un directorio que incluyó integrantes que nunca fueron elegidos y una directiva presidida por él.
Sin embargo, la DGA tampoco reconoció esta directiva y exigió una reunión de directorio al que debían asistir los siete directores. “Entonces, a fines de octubre de 2025 presentamos un recurso de reposición ante la DGA, que no respondió, y luego recurrimos a la Contraloría, pidiéndole a la DGA que explicara por qué había hecho eso, ya que técnicamente no lo pueden hacer”, recordó Jünemann, quien comentó que incluso han sostenido reuniones con autoridades, como el delegado presidencial regional, Rodrigo García, con el objetivo de transparentar las decisiones de la DGA.
Así, el tiempo sigue transcurriendo y se acerca mayo de 2026, fecha en la que según los regantes se debe convocar a nuevas elecciones de directorio. “Esperábamos resolver esto antes de la temporada de riego, pero se ha dilatado por las decisiones de la DGA, mientras tanto, Jaque nos tiene amenazados y a varios de nosotros nos ha cortado el agua, ha bloqueado el ingreso del agua a nuestros canales, de hecho, yo presenté un recurso de amparo”, denunció.
Querellas
En el contexto de las irregularidades detectadas en la venta de agua a Essbio, Francisco Jünemann junto a Álvaro Gatica, Hernán Ruiz, Hans Stempel, Francisco Yávar y Josefina Etchevers interpusieron una querella el 17 de noviembre de 2025 ante el Juzgado de Garantía de Chillán, contra Jaque y su círculo familiar y también contra Essbio, por los delitos de administración desleal, atentado contra el medio ambiente, conflicto de intereses y negociación incompatible, reparto malicioso de aguas, corrupción entre particulares y uso malicioso de facturas fraudulentas.
Luego, el 9 de febrero de 2026, los mismos regantes interpusieron una segunda querella contra Jaque, esta vez, por el delito de falsificación o uso malicioso de documentos privados, en relación con las actas de asambleas generales de años anteriores.
Embalse
En la práctica, esta situación tiene consecuencias prácticas para los regantes, complementó Jünemann, “pues los regantes no saben a quién pagarle, por ejemplo; y otro tema clave es el embalse, ya que estamos en una etapa de estudios, donde el gobierno ha invertido mucha plata, entonces dijeron ‘llegamos hasta aquí, mientras ustedes no se ordenen’, pero esa información hoy no está”.
El embalse Chillán se prevé emplazar en el sector Pellines, entre Pinto y Coihueco. Tendrá una capacidad de almacenamiento de 125 millones de metros cúbicos y permitirá dar seguridad de riego a 18.175 hectáreas en Pinto, Coihueco, Chillán y Chillán Viejo, lo que lo convierte en el segundo de mayor envergadura de los embalses proyectados en la región.
De acuerdo con lo informado por el MOP, el costo total de obras del embalse y la unificación de canales es de $264 mil millones.
Con el estudio de factibilidad ya concluido, para que el proyecto pueda seguir avanzando y se ejecute la ingeniería de detalle, se requiere que el 33% de los derechos de agua del río Chillán estén registrados en el Conservador, y a su vez, en el Catastro Público de Aguas de la DGA, metas que no se han cumplido porque gran parte de los regantes, que son pequeños agricultores, no tiene regularizados sus derechos.
Las próximas etapas contemplan estudios de diseño y de impacto ambiental, la tramitación de la Resolución de Calificación Ambiental y procesos de expropiación, las que se esperaba ejecutar entre 2026 y 2030, pero dada la crisis de gobernanza, el proceso está detenido.
Jünemann subrayó que el proyecto de embalse, a diferencia de otros, no ha generado gran rechazo en la comunidad, las expropiaciones afectan a muy pocos particulares y sus impactos ambientales son más acotados.
Y remató criticando el atraso tecnológico del río Chillán en comparación con el Diguillín y el Ñuble, donde las organizaciones han implementados sistemas de compuertas automatizadas con telemetría, con el apoyo de fondos concursables de la CNR. “Acá en el río Chillán no tenemos ningún concurso ganado, no participamos en ninguna convocatoria de la CNR, no hay tecnología, no hay plata y no hay plata porque no hay orden”.
Jaque rechaza acusaciones
En una carta a los accionistas fechada el 25 de noviembre de 2025, Héctor Jaque y su directorio declaró que “se ha pretendido confundir a los accionistas del río Chillán por un grupo de personas, algunos sin tener títulos de derechos de aguas. Han constituido un directorio de facto (ilegal), al margen de las leyes vigentes que regulan esta materia y no reconocidos por ningún organismo del estado”.
Jaque le restó legitimidad a las reuniones convocadas por los directores en los que se eligieron nuevos cargos y se le movió de la presidencia. “El secretario de una institución no tiene atribución para, por sí y ante sí, citar a reunión de directorio (…) siendo facultad exclusiva del presidente”.
Agregó que el grupo de directores han enviado documentación a la DGA “atribuyéndose la representación de hecho de la Junta de Vigilancia, creando confusión ante este organismo, que les dio credibilidad en primera instancia”. Pero “bastó que el asesor técnico de la institución concurriera con documentos fidedignos a la DGA Santiago, para que el director general de Aguas emitiera un documento oficial reconociendo quien era el representante legal de la JVRC hasta el día de hoy”.
“Como no han sido reconocidos, han actuado en forma contumaz llamando a reuniones, han incurrido en falacias, haciendo confundir actos de comercio privados y legítimos con actos que causan daños a terceros (no comprobados) y especulaciones de los mismos, que solo ellos le dan credibilidad, comprometiendo otras instituciones privadas”, indicó.
Consultado por LA DISCUSIÓN, Héctor Jaque afirmó que las acusaciones de sus detractores son falsas y que su gestión está debidamente respaldada con documentos. Además, los calificó como “cuatro artistas que no representan a nadie, pero dos son operadores políticos. Y todos tienen tejado de vidrio, no cumplen con el Código de Aguas”.
“Tuvimos que demandar al señor Jünemann y a quienes resulten responsables -ante el Juzgado de Garantía de Chillán- por injurias, calumnias y usurpación de cargo, una demanda que está en curso, donde presentamos medios de prueba y testigos”, acotó Jaque.
El histórico dirigente sentenció que “lo que vale son los derechos de aguas con título y respetar el Código de Aguas y los estatutos, así me lo dijeron los jueces cuando me nombraron por fallo judicial: ‘usted no se meta en política y religión’, y eso es lo que he hecho hasta el día de hoy, y eso les molesta a algunos artistas. El agua es un bien nacional que el Estado otorga mediante títulos a los privados para que produzcan nuevos bienes económicos, no son sociales. Y una elección es por el número de acciones que tiene un particular, no es un regante un voto, como pretendían los artistas; y un accionista puede ser elegido tantas veces si él lo desea y los accionistas lo respaldan, así de simple, el Código lo dice”.
“Yo, estoy trabajando por el embalse, el que tiene una rentabilidad social y económica superior a la media; ése es mi norte, no otro”, cerró.
