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Los indígenas y el gobierno en Ecuador buscan aproximar este jueves posiciones en la crisis que estalló con violentas protestas por un programa de ajustes pactado con el FMI y que disparó el precio de los combustibles.
Después de una semana de manifestaciones, con cientos de heridos y detenidos, que sumieron en el caos a Quito e interrumpieron el transporte de crudo por el principal ducto, las expectativas se centran en una posible negociación con los buenos oficios de la Iglesia católica y Naciones Unidas.
“Estamos obteniendo los mejores resultados del diálogo con los hermanos indígenas”, sostuvo el presidente Lenín Moreno la noche del miércoles. “Sin duda alguna, esto se va a solucionar muy pronto”, añadió.
Moreno, que llevó la sede del gobierno a Guayaquil acosado por las manifestaciones, estuvo el miércoles por unas horas en Quito para seguir el curso de las conversaciones.
Líderes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) se expresan con más cautela frente a los contactos, e incluso algunos como Marlon Vargas son abiertamente reacios a dialogar con un “gobierno que ha cedido a las presiones del Fondo Monetario Internacional”.
Por lo pronto la “movilización está en marcha, no ha terminado”, añadió otro líder indígena, Salvador Quishpe.
Los pueblos originarios encarnan el descontento social por las reformas económicas que impulsa Moreno en el marco de un programa de millonarios créditos destinados, según él, a salvar de la “debacle” a la dolarizada economía ecuatoriana tras años de “derroche, endeudamiento y corrupción” en el gobierno de su antecesor y exaliado, Rafael Correa.
Entre los ajustes está el desmonte de los subsidios al diésel y la gasolina, lo que disparó las tarifas hasta en un 123%.