Señor Director:
La reciente revelación de un escándalo de tráfico de drogas que involucra a miembros del Ejército y la Fuerza Aérea de Chile ha sacudido los cimientos de una institución que, hasta ahora, parecía inmunizada ante la corrupción. Siete militares y cinco suboficiales de la FACH han sido acusados de trasladar cocaína y ketamina, delitos que, lejos de ser simples infracciones, constituyen una traición a la patria y a los valores que deberían guiar a nuestras fuerzas armadas.
La Constitución Política de Chile establece, en su artículo 101, que las Fuerzas Armadas están supeditadas al poder civil y no son deliberantes. Sin embargo, la respuesta inicial ante estos crímenes ha sido insatisfactoria, opacada por el secreto de los tribunales militares. La exigencia de transparencia es más relevante que nunca; la democracia se sustenta en la verdad y la justicia, no en la impunidad.
El ministro de Seguridad ha calificado esta situación como “la más grave” en años, subrayando la necesidad de desmantelar las estructuras criminales que operan en el país. Sin embargo, las medidas propuestas para prevenir que se repitan estos hechos parecen insuficientes frente a la magnitud de la crisis. La confianza del pueblo chileno está en juego, y es fundamental que los responsables asuman las consecuencias de sus actos ante la justicia civil, no militar. La lección es clara: la defensa de nuestra nación comienza con la integridad de quienes la protegen. “defendamoslademocracia”.
Ricardo Rodríguez Rivas
Magister en Gobierno y Gestión Pública
