La crisis de Carabineros llevará años superarla, pero mientras más tarde se empiece, mayor y más difícil será la tarea.
El Gobierno decidió convocar para hoy a la comisión de la reforma de Carabineros, con el objetivo de presentar a la unidad coordinadora. Esta instancia se suma a la encabezada por el senador PPD Felipe Harboe, que entregó el 30 de enero una propuesta de 23 medidas para emprender la reforma a la policía uniformada, y a la comisión encabezada por el entonces ministro Gonzalo Blumel que finalizó su trabajo el 17 de marzo. El anuncio se da en medio de nuevos episodios de violencia policial que han merecido repudio desde todos los sectores políticos y una fuerte atención sobe los resultados de las investigaciones.
La gravedad de la situación excede al uso desproporcionado de la fuerza en contra de manifestantes, en este caso un joven de 16 años que fue lanzado desde el borde del Puente Pío Nono, en Santiago, por un carabinero de Fuerzas Especiales.
Las reacciones del alto mando, de negar la participación de los miembros de la institución, han sido una constante del mayor cuerpo policial de Chile, cuya crisis institucional arrastra también la responsabilidad política de las autoridades civiles. De hecho, ayer la oposición presentó una acusación constitucional contra el ministro del Interior, Víctor Pérez, con firmas de diputados desde la DC al Frente Amplio.
Igual de cuestionada se encuentra la jefatura policial, cuya política de negación sobre la gravedad de las violaciones a los Derechos Humanos ya no es sostenible, sino, muy por el contrario, se está convirtiendo en un boomerang que se vuelve sobre la responsabilidad administrativa de los altos mandos.
Queda claro que Carabineros ha tardado en proporcionar información clave para las actuaciones en el ámbito disciplinario. Es de esperar que pronto exista respuesta y se proporcione toda la información requerida. Por otra parte, hechos como las amenazas a la Fiscal Ximena Chong, a cargo de la investigación del caso Puente Pío Nono, son extremadamente graves y tienen que ser también aclarados a la mayor brevedad.
En suma, Carabineros de Chile tiene que llevar a hechos concretos lo afirmado en su momento por el Presidente de la República y su Director General, en el sentido de que las posibles conductas indebidas serán individualizadas y castigadas como es debido. Dejar muy claro que la voluntad para sancionar a quienes deshonraron el uniforme es férrea e inquebrantable es lo que se espera, además de una reforma estructural, con un nuevo diseño institucional, para superar la actual crisis.
En un momento histórico en que la sociedad chilena se plantea un nuevo pacto social, la idea de una policía profesional que no tenga un rol represivo y de control, sino que se oriente a brindar protección a la ciudadanía debe ser una de las prioridades de un proceso de largo aliento, como lo es, en general, la tarea de repensar nuestro país.
