Cuando se aprieta un globo a medio inflar, el aire comienza a cambiar de lugar, llenando a veces un lado y a veces otro, conforme la mano aprieta en distintas partes. Pero el aire siempre escapa.
Es por esta razón que para los analistas del crimen, el concepto del “fenómeno del globo” es una analogía recurrente cuando se quiere dar a entender que, no importa cuan grande sean los esfuerzos por controlar la delincuencia, erradicar traficantes de un barrio o bajar la sensación de inseguridad en un lugar determinado, estos jamás desaparecen, solo se cambian de lugar una y otra vez.
Es por esta razón que en el pasado seminario organizado por la Corte de Apelaciones de Chillán, la Fiscalía Regional y la Defensoría Penal Pública de Ñuble en la sala de audiencias del nuevo Centro de Justicia, y que se tituló “A 20 años de la Reforma Procesal Penal en Ñuble: retrospectiva, actualidad y desafíos de futuro”, se abordó esta teoría del globo, como una mirada realista respecto a lo que podría suceder en nuestra región al corto plazo, puesto a que si bien se exhiben bajas en las estadísticas delictuales, en las regiones vecinas (Maule y Biobío) las cifras son alarmantemente altas, debido al aumento de bandas organizadas, locales y extranjeras que se han asentado en ambas zonas.
Este incremento de delitos significó una mayor tasa de denuncias, lo que a su vez obligó a las policías a aumentar las dotaciones y fiscalizaciones por lo que para Carabineros Ñuble, es muy probable que estas personas ya estén llegando a las zonas rurales de nuestra región, para refugiarse y operar desde allí.
Ignacio Castillo, jefe de la Unidad Especializada en Crimen Organizado y Drogas, de la Fiscalía Nacional, comentó al respecto que “en la Región de Ñuble, los homicidios bajaron un 36% respecto a esta misma fecha del 2022, lo que habla muy bien del trabajo que el Ministerio Público y las policías están realizando en la región, pero vemos que en El Maule y en El Biobío, como casi en todo e resto del país, estas cifras han ido aumentando, entonces, hay que estar atentos a lo que pueda pasar acá, precisamente, por lo del fenómeno del globo”.
Aunque siempre, e incluso en el plano internacional, se toma como referencia de índice de criminalidad la tasa de homicidios de una región, y en Ñuble la mayoría de los delitos de mayor connotación social, como los robos violentos, han bajado respecto a 2024, la sensación de inseguridad regional es una de las más altas del país.
Y la razón es la misma: hace menos de cuatro o cinco años esos “pocos” delitos de encerronas, asaltos grupales a locales comerciales (con armas de fuego) y secuestros “exprés”, eran fenómenos inimaginables en la zona.
Delitos parasitarios
Hoy, esos delitos inimaginables sí existen.
Ya han aparecido cadáveres asesinados (incluso con señales de tortura) en la vía pública y el último robo con características de crimen organizado se registró apenas la semana pasada en Chillán.
De hecho, la Fiscalía instruyó el trabajo de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la PDI para dar con los autores de un robo con intimidación registrado el pasado martes en la Distribuidora La Escoba, ubicada en calle Cocharcas de Chillán.
Alrededor de las 14.00 horas, entre cinco a siete delincuentes llegaron al establecimiento comercial y premunidos con armas de fuego intimidaron al cajero, lo golpearon, y le sustrajeron cigarrillos y dinero en efectivo.
Luego, el grupo huyó en un automóvil que había sido robado horas antes, el que dejaron abandonado en el sector de Villa Las Almendras, en la misma ciudad, barrio en el que ya se ha hecho frecuente el hallazgo de vehículos con encargo por robo. A veces quemados, a veces desarmados.
Hasta el momento, no hay noticias respecto a la detención o captura de estos asaltantes.
Para el abogado Castillo, se trata de delitos “parasitarios” porque obedecen a un modo de operar que llegó de la mano con la crisis de la inmigración irregular que ha afectado al país desde hace por lo menos el 2015 y que se hace notorio con cada año siguiente.
“Lo que debemos tener claro que estamos hablando de fenómenos que se mueven o e imitan, como las extorsiones, los gota a gota o las peleas por territorios que son característicos de las asociaciones ilícitas, por lo tanto una región (Ñuble) que está en medio de ese conflicto o de ese escenario, es una región a la que se podría llamar en riesgo del efecto globo”, sostuvo el analista.
Como ejemplo, cita a la comuna de Los Ángeles (Biobío), por sus múltiples similitudes con Chillán, para demostrar lo vulnerable que nuestra comuna puede resultar a la llegada de estos delitos parasitarios.
“Junto con algunas ciudades del Maule, es una de las que más ha subido en cifras de homicidios, asesinatos por múltiples disparos, por agresores desconocidos y con muchas personas de nacionalidad extranjera participando de estas asociaciones”.
Tanto Ñuble como la Provincia del Biobío tienen altas tasas de ruralidad, presentan indicadores socioeconómicos similares e incluso condiciones geográficas parecidas y ciudades centrales que tienden a acaparar la mayor parte de los recursos que desde el Gobierno Central destinan año a año (y con cifras cada vez mayores) a seguridad pública.
El último caso de delincuencia mediática que afectó a los angelinos ocurrió ayer, sábado, cuando tres personas ingresaron a una casa en la villa Génesis de esa ciudad, golpearon y amarraron a toda la familia y arrancaron con joyas, dinero, billeteras y una motocicleta.
Y si con la llegada de unidades como el Grupo de Operaciones Especiales (GOPE) o la Sección de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEVB) de Carabineros, más los fortalecimientos que se ha experimentado en los equipos de seguridad municipal en diferentes comunas de Ñuble, sumado a una cantidad ya casi incontable de cámaras de televigilancia, se ha logrado mantener las cifras delictuales al menos más bajas que en el resto del país, la gran deuda está en los sectores rurales.
“Entonces, lo que vemos es que para evadir las investigaciones, quienes dirigen estas asociaciones tienden a buscar refugio en los sectores que, por así decirlo, se encuentran más desprotegidos en términos de custodia policial”, añade Castillo.
El jefe de la unidad de Crimen Organizado y Homicidios de la Fiscalía añade que son dos las razones principales las que posibilitan esta migración a lo rural.
“Ese efecto depredatorio se desarrolla con mayor facilidad en sectores donde yo tengo pequeños comerciantes, fáciles de extorsionar o de amedrentar; y también, porque se pueden establecer en lugares donde hay poca capacidad de fiscalizar las acciones que se están cometiendo”.
Para muestra, cita que se cuenta con antecedentes que apuntan a que algunos integrantes del llamado Tren de Aragua, ya han motivado investigaciones de la Fiscalía en este tipo de sectores, en las regiones del Maule y Biobío, especialmente, en la Provincia del Biobío.
“En Ñuble, insisto, se ha hecho un trabajo muy bueno en términos de fiscalización y de prevención, pero eso no obsta el que se debe estar muy atentos y una región como esta debe tener la dotación, las unidades especializadas para lo que pueda pasar a futuro”, advierte.
Más tecnología y no solo leyes
Desde el Congreso, el Legislador modificó algunos puntos de la Ley 20.000.
Con las leyes 20.575 y 20.577, se busca penalizar a quienes cometan delitos de narcotráfico, extorsiones, secuestros o incluso aquellos que sean condenados por hechos de corrupción, ya no solo con privación de libertad, sino con el embargo de la totalidad de sus bienes muebles e inmuebles que permite la ley.
Lo que se busca es atacar, precisamente, aquello por lo que estas bandas operan: el patrimonio.
Las modificaciones legales, reconfiguran los conceptos de lo que se entiende por “asociación ilícita”, generando una acepción más laxa para ampliar la concepción y así poder llevar al tribunal, bajo esta calificación penal, algunos delitos que hasta entonces podrían ser cuestionados en su esencia de criminalidad organizada.
Sin embargo, no basta con solo una mayor banda en lo legal, si es que no existe la capacidad en términos de dotación ni de tecnología para poder hacer uso de estas nuevas facultades.
Es más, Chile, en comparación con otros países que llevan muchas más décadas combatiendo asociaciones criminales de altísima complejidad, como Colombia o Italia, ni siquiera cuenta con ciertos “permisos” para usar tecnología, sin que se declare su uso como espionaje (por lo tanto ilegal) o la invalidación de la evidencia en un juicio, precisamente por no estar contemplada dentro de los marcos vigentes de la ley.
Jorge Aguirre Hrepic, exmayor de Ejército y jefe de Seguridad de Gobierno durante el Gobierno de Michelle Bachelet, explica a La Discusión que “eso de atacar el patrimonio es bueno en lo teórico, pero la experiencia internacional muestra que los líderes de estas bandas nunca tienen nada a su nombre ni a nombre de sus familias ni de sus empresas. Por lo demás, cuando los líderes resultan ser empresarios conocidos, vemos que mantienen sus empresas con toda la documentación legal en orden, por lo tanto no se les puede quitar nada”.
Y en cuanto a los usos de la tecnología que nos separa de las policías italianas, añade que “ellos, en Europa, no tienen las trancas políticas que tenemos en el Congreso chileno. Allá, apenas las policías advierten indicios de corrupción, de mafias o asociaciones criminales consiguen rápidamente órdenes judiciales para poner, por ejemplo, un rastreador a los vehículos, para interceptar teléfonos o todo lo que sea necesario. Allá, los jueces autorizan esos usos por 30 o 45 días, por ejemplo, pero acá, si lo hacen te acusan de espionaje, entonces las herramientas para atacar a estas bandas, en Chile, son ridículas”.
Actualmente, solo los delitos terrorismo, de tráfico de drogas y de robos en lugar no habitado, admiten legalmente la interceptación telefónica, por parte de un juez. Se busca ampliar esta facultad para casos de extorsión, chantajes o secuestros, entre otros.
El senador por Ñuble, Gustavo Sanhueza, comenta que “en efecto, existe una discusión que estamos viendo durante esta semana de algunas leyes que apuntan a mejorar las condiciones de seguridad. Sabemos que serán leyes que involucran recursos, porque tenemos que entregarle más recursos y tecnología a nuestras policías, y también más facultades para poder hacer sus labores investigativas”.
Además, el parlamentario dijo que su bancada (la UDI) está solicitando una reunión con el fiscal nacional, Ángel Valencia, “a quien le queremos pedir que colabore en la celeridad de las causas y de los procesos investigativos en general, lo que la gente quiere es que las personas que cometan estos delitos sean o expulsados del país cuando corresponda, o bien que estén en la cárcel, pero no en sus casas o en la calle”.
Un semestre clave
La pregunta es, entonces, ¿qué tan lejos estamos de que el globo “se infle” en Ñuble?
“No mucho, creo que los primeros meses del 2024 van a ser realmente indiciarios para tener algo más de certeza”, dice Aguirre Hrepic.
El analista, quien además es experto en criminalística y negociador para casos de terrorismo, añade que “el 2024 va a ser la prueba de fuego, porque se anticipa un año muy complejo desde lo económico, es un año de elecciones municipales, gubernamentales y hay todavía una sensación de frustración en una gran parte de la sociedad, una sensación de impotencia por parte de las autoridades ante problemas que, sencillamente, los superan”.
Aguirre advierte que la región necesita urgente un plan de gestión fiscalizadora que no se centre solo en los peajes, ya que es evidente, que quienes conocen la región ya saben cómo franquear algunos controles.
“Todo eso requiere de muchos recursos y no hablo de más motos o más autos para Carabineros o la PDI, hablo de planes efectivos, de la contratación de gente experta en el tema, de la contratación de tecnología de punta, es decir tener equipamiento superior al que tienen estas bandas, que no están compuestas solo por delincuentes comunes, sino por empresarios, redes de personas con mucho poder adquisitivo, gente que está metida en el robo de la madera, robo de fertilizantes y que parecen estar siempre un paso más adelante que la policía, por la sencilla razón que la motivación que les genera el ganar lo que ganan, los hace moverse y organizarse muy bien. En todo el mundo es lo mismo”, asevera.
Antes malo, ahora bueno
Saliendo del plano especulativo, Ñuble es aún una de las pocas regiones del país que ha podido bajar las cifras delictuales, en vez de subirlas.
No se puede desconocer el mérito de las policías y de las propias municipalidades que han podido gestionar la adquisición de cámaras, luminarias led o han firmado convenios para crear patrullas mixtas entre Carabineros y personal municipal.
Por lo demás, la semana pasada el Gobierno Regional, anunció recursos por $34 mil millones para fortalecer la infraestructura y logística de la PDI en Ñuble. Ya para 2026, se espera contar con un nuevo cuartel.
También se anunciaron recursos para crear la primera Escuela de Formación de Carabineros en la región.
A esto se suman otras iniciativas como dispositivos de lectura de patentes en los portales de acceso a la región, lo que permitirá detectar vehículos con encargo por robo y alertar de inmediato a Carabineros.
Si se añade la red de televigilancia existente en los principales caminos, “nos encontramos con una realidad muy diferente a lo que había antes en Chillán. Antes se criticaba que la ciudad estaba en desventaja al estar en medio de la Ruta 5 Sur, por lo que para las bandas delictuales foráneas era muy sencillo delinquir y arrancar. Ahora, es todo lo contrario, al estar tan controladas sas entradas y salidas, hace que la ciudad no sea atractiva para las bandas que vienen de afuera”, explica el jefe policial de la PDI de Ñuble, prefecto inspector, Cristian Parraguez.
El prefecto, al igual que la jefe de la XVI Zona de Carabineros, general María Teresa Araya, no desconocen los riesgos que suponen el estar entre dos regiones con altos índices de delincuencia, sin embargo, ven el panorama con mayor optimismo: “si podemos seguir trabajando de manera conjunta y coordinada, como lo hemos estado haciendo en esta región con la Fiscalía, la PDI, la Delegación y las Municipalidades. Esto es tarea de todos”
