La mesa público-privada “Todo Ñuble cuida el agua” inició ayer su cuarto año de actividades con la primera reunión del 2020 abordando la preocupación transversal por la crisis hídrica y su impacto en la calidad de vida y en la economía de la región.
La instancia en la que participan 13 organizaciones de la zona y que ha focalizado su accionar en la cocientización de la comunidad sobre el uso eficiente del agua, vio interrumpida su planificación debido a la crisis sanitaria por Covid-19, una emergencia que según coincidieron sus socios, ha concentrado los esfuerzos del Estado en atender las necesidades urgentes en materia de salud, social y económica, pero por otra parte, le ha restado la atención a la amenaza que representa la megasequía que se ha prolongado por diez años.
La campaña de responsabilidad social empresarial “Todo Ñuble Cuida el Agua” es impulsada por Empresas La Discusión junto a la Facultad de Ingeniería Agrícola de la Universidad de Concepción (FiaUdeC), Essbio, las juntas de vigilancia de los ríos Ñuble, Diguillín y Chillán, la Comisión Nacional de Riego, Inacap, Nevados de Chillán, Curimapu, Iansa, Riego Chile y la Dirección de Educación de la Municipalidad de Chillán.
En la sesión de esta jornada el académico de la Universidad de Concepción, José Luis Arumí, analizó los pronósticos climáticos de la Dirección Meteorológica de Chile para este invierno, que confirman un complejo escenario para la zona central y centro sur, con lluvias bajo el rango normal.
“Esto es grave, a mi juico, porque el 85% de las precipitaciones en Chillán ocurren entre el 15 de mayo y el 15 de septiembre, puede que haya algunas precipitaciones en primavera que no van a generar nieve, van a generar problemas en la agricultura, un trimestre invernal bajo lo normal es una mala noticia (…) Es complejo, no sabemos lo que nos espera, hay una gran incertidumbre, y seguimos tramitando el Punilla y el Zapallar; estoy muy preocupado por los escenarios futuros”, manifestó el hidrólogo.
A partir del escenario descrito, tanto Arumí como Félix Valdés, de Riego Chile, y Francisco Saldías, de la Junta de Vigilancia del río Diguillín, reiteraron la importancia de concretar los proyectos de embalses, así como también continuar ejecutando iniciativas de fomento al riego y de gestión del agua, cuyo financiamiento se podría ver afectado debido a las reasignaciones presupuestarias derivadas de la pandemia.
Saldías expuso que “para los regantes el panorama es bastante incierto y no se prevé un incremento de recursos públicos para riego. Al revisar el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas, lo único que aumentó es agua potable rural, pero todas las demás áreas disminuyeron”, dijo.
No obstante lo anterior, desde la CNR aclararon que el presupuesto para este año asciende a $76 mil millones, lo que representa un aumento de $6 mil millones respecto al presupuesto inicial de 2019, aunque acotaron que el año pasado, debido a la sequía, finalmente los recursos llegaron a $100 mil millones, lo que este año debiera ser más difícil de repetir, debido a la contingencia.
Política de Estado
El dirigente de los regantes del Diguillín reflexionó que “no existe una política de Estado de construir obras de acumulación, básicamente porque son proyectos de largo plazo que exceden el ciclo político y porque no son rentables políticamente: no generan muchos votos; veíamos hace poco al ministro pidiendo disculpas por la postergación de las obras del Metro, pero yo no he visto a ningún ministro que venga a la zona a ofrecer disculpas porque se retrasa un embalse”, sostuvo el dirigente.
De igual forma, Félix Valdés lamentó que “con la escasez de agua que hay, deberíamos tener una política de Estado más consistente en ese sentido y con acciones más claras, que se cumplan los compromisos, que se fijen plazos y metas concretas y que se promueva el uso eficiente del agua”.
En ese contexto, el vicepresidente de la Junta de Vigilancia del río Ñuble, Vicente Pezantes, hizo hincapié en que se debe concientizar a la comunidad sobre la gravedad del escenario y el rol clave del Estado en la implementación de políticas y proyectos necesarios para enfrentar la crisis hídrica.
