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En un esfuerzo por reforzar los valores de transparencia y ética en la administración pública, el Consejo para la Transparencia (CPLT) proporcionará a las nuevas autoridades que asumieron sus funciones el pasado 6 de diciembre, una guía detallada sobre sus deberes legales relacionados con probidad y transparencia.
Este recurso está dirigido a gobernadores regionales, alcaldes, concejales y consejeros regionales, con el propósito de fomentar el inicio de sus gestiones dentro de un marco ético y transparente.
El presidente del CPLT, Bernardo Navarrete, recalcó la importancia de esta iniciativa en el contexto del inicio de los nuevos mandatos.
“Es esencial que las autoridades que inician sus funciones comprendan la relevancia de la transparencia y la probidad como pilares de su gestión. Esta guía es una herramienta práctica que les permitirá cumplir con sus obligaciones legales, garantizando una administración ética y responsable que inspire confianza en la ciudadanía”, afirmó.
La guía será distribuida a las autoridades de todo el país, con el objetivo de promover una administración pública que cumpla con los más altos estándares éticos y legales.
“El CPLT reafirma su compromiso de apoyar y supervisar a las nuevas autoridades en la implementación de estas responsabilidades, impulsando una gestión pública más transparente y confiable”, agregó Navarrete, quien destacó que el documento aborda aspectos clave para el ejercicio de sus funciones.
Transparencia activa y acceso a la información (SAI)
Este es uno de los principales puntos que aborda el manual. Las autoridades tienen la obligación de publicar información relevante de manera accesible y actualizada mensualmente en los portales oficiales. Además, las solicitudes de acceso a la información recibidas por la institución en la que desempeñan sus cargos deben ser respondidas dentro de un plazo máximo de 20 días hábiles, con la posibilidad de extenderlo por 10 días adicionales en casos excepcionales. Este procedimiento no puede condicionarse según el solicitante o el propósito de la solicitud.
Declaración de intereses y patrimonio (DIP)
Dentro de los primeros 30 días de haber asumido el cargo, las nuevas autoridades deben presentar una declaración jurada de intereses y patrimonio, la cual es pública. Esta declaración debe actualizarse anualmente durante marzo, y también al término de sus funciones. Su correcta presentación es crucial para prevenir y manejar posibles conflictos de interés en el ejercicio de sus labores.
Gestión documental y protección al denunciante
La conservación y digitalización de documentos oficiales son fundamentales para garantizar el acceso a la información pública. Asimismo, la guía resalta el Estatuto de Protección al Denunciante, que establece un canal de denuncia electrónico con la opción de anonimato, para proteger a quienes reporten irregularidades y evitar represalias.
Registros de lobby y conflictos de interés
Las autoridades están obligadas a llevar un registro actualizado de audiencias, viajes y obsequios recibidos en el marco de sus funciones, con publicaciones mensuales. También se destaca la necesidad de abstenerse de participar en decisiones que puedan comprometer la imparcialidad debido a intereses personales o de terceros.
