Una resolución, revocada, es lo único que los imputados por el “caso led” han podido celebrar, desde que arrancó el procedimiento policial, con detenciones en Chillán, Iquique y Santiago, el pasado 5 de mayo.
Esa resolución había sido obra de la Corte de Apelaciones de Chillán, que ordenaba poner fin al estado de “secreta”, con la que se encuentra por seis meses la carpeta de investigación que lleva el Ministerio Público Regional, conforme lo había solicitado la defensa del imputado Marcelo Campos, exasesor jurídico de la Municipalidad de Chillán, y solo en lo que incumbe a su participación en los hechos de corrupción de la causa.
Sin embargo, hoy la Corte Suprema acogió el recurso de amparo de la Fiscalía Regional y argumentó que el hecho de que no se entreguen los tomos a la defensa “no atenta contra la libertad del imputado”, por lo que todo sigue en secreto.
En concreto, ninguna de las solicitudes hechas a favor de Marcelo Campos, Ricardo Vallejos (exadministrador municipal) y el empresario santiaguino, Marcelo Lefort, han sido acogidas.
Ni la revocación de la medida cautelar que pesa sobre ambos, ni el cambio de cautelar por la de arresto domiciliario que se pidió a favor de Lefort, quien había presentado un cuadro de neumonía.
“Pero esto me deja perplejo”, dice el abogado Carlos Astorga, uno de los que defiende a su colega, Marcelo Campos.
“El principal objetivo de poder acceder a los antecedentes es saber exactamente por qué delito se le persigue, y así nosotros poder armar una línea que nos permita revertir su situación procesal, que lo tiene privado de libertad”, dice.
Considerando que a Campos, en el marco de los supuestos fraudes cometidos en la licitación para el recambio de luminarias en Chillán (por $3.970 millones), se le formalizó por violación de secreto, “vemos un escenario en donde la prisión preventiva podría superar los seis meses, es decir, un tiempo mayor al que el Código Procesal Penal le asigna a ese delito. En otras palabras, está sufriendo una pena anticipada”.
Astorga advierte que “en caso de que luego de un juicio, hipotéticamente adverso, a mi representado se le condene por menos que el tiempo que estuvo como preso preventivo, no habrá quién responda por eso”.
“Están inflando un globo”
En tanto, para el otro patrocinador de la causa de Campos, el abogado Giovanni Gotelli, “ellos (la Fiscalía) están inflando un globo que se desinflará cuando tengamos acceso a la carpeta, porque si bien no la hemos podido revisar, hemos entrevistado a testigos y funcionarios municipales y sabemos que el señor Campos ni se orquestó con el señor Vallejos, ni votó por el proyecto, ni habló a favor de la empresa Itelecom, ni expuso su parecer ante el concejo, es decir en la formalización le formularon delitos que no ha cometido. Se le está persiguiendo por cosas que no hizo”.
Pronunciada la Corte Suprema, a la defensa de Campos no le queda sino esperar el término del plazo de estado de secreto.
Siguen las cautelares reales
En forma paralela, la Corte de Apelaciones de Iquique acogió los planteamientos del Consejo de Defensa del Estado (CDE), para evitar que se alzaran las cautelares reales (bienes incautados, entre ellas todas las empresas de su holding y las cuentas bancarias) a Marcelo Lefort.
Misma solicitud está pendiente en la Corte de Apelaciones de Chillán y podrían replicarse en los casos de Campos y Vallejos
Mariella Dentone, procuradora del CDE Ñuble, dijo: “tomamos conocimiento de que en Iquique se habían decretado las cautelares reales solicitadas por el CDE, y creemos que es un buen antecedente para el juicio que se sigue en Ñuble.”
