El pasado viernes, la Corte Suprema ordenó a la Corte de Apelaciones de Chillán instruir un sumario disciplinario en contra del abogado Marcelo Campos, quien pese a estar en calidad de preso preventivo como imputado por presuntos delitos de corrupción, sigue siendo de manera nominal juez del Juzgado de Policía Local de Pemuco.
El tribunal de alzada designó al fiscal judicial de esta sede abrir la investigación sumarial, a la vez que le ordenó al municipio de Pemuco que entregara un informe detallando los porqué de esta situación.
Fue en 2013 que la Corte de Apelaciones de Chillán envió una terna con los nombres de los abogados que postulaban para el cargo de juez de Policía Local de Pemuco, lista en la que figuraba el nombre del abogado chillanejo Marcelo Campos.
Campos había sido juez suplente en el Juzgado de Policía Local (JPL) de Chillán y había trabajado en entidades públicas con antelación.
Quien decidió su nombramiento en la comuna pemucana fue la actual seremi de Justicia, Jacqueline Guíñez, quien reemplazó en el cargo de alcalde a su hermano, Johnson Guíñez, luego que éste fuera suspendido del cargo por el Tricel, bajo la figura de faltas a la probidad administrativa.
Una vez que se cumplió el castigo, y Johnson Guíñez, fue elegido nuevamente alcalde, ha evitado destituirlo pese a que desde el pasado 5 de mayo perdió su libertad tras ser arrestado por la PDI y ya confirmado luego como preso preventivo e imputado por presuntos delitos de corrupción en el marco de la investigación conocida como caso Led, que la Fiscalía Regional de Ñuble investiga con alcances en otras regiones del país.
Hasta la semana pasada, fecha marcada por la visita del ministro de la Corte Suprema Leopoldo Llanos a los tribunales de Ñuble, nadie parecía siquiera haberse cuestionado cómo era posible que el nombre de Marcelo Campos siguiera figurando como juez de Policía Local de Pemuco de manera oficial, pese a estar privado de libertad.
Una vez que La Discusión preguntó por tal situación al alcalde de Pemuco, su respuesta fue que su destitución pasaba por la Corte de Apelaciones, no por él.
Y en la Corte de Apelaciones se respondió que mientras nadie solicitara un sumario disciplinario en su contra, ellos no podían suspender.
Finalmente, fue el propio ministro Llanos, quien al volver a Santiago para dar cuenta de lo observado en Ñuble, comunicó sobre esta situación en Pemuco.
Inmediatamente, se ordenó el sumario que esta semana se le asignó al fiscal judicial, Juan Pablo Nodeau, de la corte local.
Una posible absolución
Una vez que la PDI detuvo a Marcelo Campos, mientras volvía de Santiago con un maletín con $37 millones de pesos, que según la Fiscalía, corresponden al pago de coimas hechos por la empresa Itelecom (que se quedó con la licitación para el recambio de luminarias led en Chillán), Campos decidió solicitar vacaciones, para no perder su puesto en caso de que se lograra revocar su medida cautelar.
Cumplido el plazo, se optó por dejarlo como titular nominal, pero sin goce de sueldo, ya que hoy asoma incierta la fecha de una posible modificación a su cautelar, y menos la de un juicio oral en contra suya y del resto de los imputados por el caso Led.
Con la orden de la Suprema ya en vigencia, los ministros de la Corte de Apelaciones le pidieron informes al alcalde Guíñez sobre esta situación.
De acuerdo a documentos oficiales obtenidos por La Discusión, el alcalde Guíñez argumentó que se estaba respetando la presunción de inocencia, y que si no se le había hecho la gestión para destituirlo era porque en caso de un fallo absolutorio, a Campos se le podía pagar por todos los meses que estaría sin sueldo debido a esta causa.
Y mientras el otro chillanejo imputado en el caso Led, Ricardo Vallejos, renunció de manera voluntaria a su cargo de administrador municipal de Chillán; Marcelo Campos no hizo lo propio en Pemuco.
De su cargo como asesor jurídico de la Municipalidad de Chillán fue destituido por el alcalde Sergio Zarzar esa misma semana, la segunda del mes de mayo de 2020.
Vuelven a pedir su libertad
Una vez que se resolviera, de manera definitiva, que el Juzgado de Garantía de San Carlos seguirá siendo la sede para los alegatos futuros que enmarcan este caso, el abogado Giovanni Gotelli, defensor de Marcelo Campos, dijo que pediría que se revoque su medida cautelar de preso preventivo que, hasta hoy, cumple en la cárcel de San Carlos.
“Hay un cambio de las condiciones en el estatuto jurídico. Hay declaraciones que establecen que en el primer semestre del 2019 se habrían cometido estos supuestos delitos, y eso hace que estemos hablando de una fecha anterior a la modificación a la Ley Anticorrupción, de noviembre de 2019, entonces estaríamos enfrentando penas bajas y que de ninguna manera ameritan una prisión preventiva”, afirmó Gotelli.
