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La Corte de Apelaciones de Santiago decidió esta jornada de manera unánime que la exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga (2016-2021) siguiera bajo prisión preventiva, tras la audiencia de apelación -desarrollada hoy- a la medida cautelar impuesta la semana pasada por presunta corrupción.
Barriga está recluida en el módulo 2 del Centro Penitenciario Femenino de San Miguel por decisión del Noveno Juzgado de Garantía de Santiago, a raíz de supuestos ilícitos de fraude al Fisco y falsificación de instrumento público durante su gestión.
En el fallo, la Corte esgrimió que “teniendo en consideración el número, naturaleza, gravedad de los delitos, permiten estimar que la libertad de la imputada constituye un peligro para la seguridad de la sociedad”.
La cita -que duró dos horas y fue solicitada por la defensa de la otrora jefa comunal- concluyó con los alegatos correspondientes, incluyendo los de la parte querellante: el Consejo de Defensa del Estado (CDE), la Municipalidad de Maipú y el Ministerio Público.
Al término de la audiencia, uno de los abogados de Barriga, Cristóbal Bonacic, declinó dar declaraciones a los medios antes de la emisión de la resolución en el Palacio de Tribunales.
Sin embargo, el representante de la Fiscalía, Eugenio Campos -que también es el jefe de la Unidad Anticorrupción del ente persecutor-, aseguró que “hemos señalado con claridad los argumentos que tuvieron base durante todo el desarrollo de la investigación, por parte de los diversos delitos de gravísima calidad que hemos estimado de reiterado fraude al Fisco”.
“Se pudo dar cuenta también de las falsificaciones (de documentos) y hemos sostenido claramente que el informe de la Contraloría General de la República ha determinado un perjuicio fiscal que sobrepasa, a lo menos, los 33 mil millones de pesos”, agregó.
Sobre el origen de este informe -que precisó el monto que supuestamente fue defraudado y fue clave para determinar la prisión preventiva de Barriga-, el representante del municipio en la audiencia, José Pedro Silva, dijo que “correspondió a una diligencia despachada por la fiscal Constanza Encina”.
“(Esa acción) no fue para despejar las dudas que planteó la Corte en su momento, sino también las de la defensa. Tras ello, (Encina) se interconectó directamente con los sistemas del municipio, luego que los defensores argumentaron en distintas ocasiones que esto (del juicio) era una persecución política”, añadió.
