Fue en noviembre del 2025 que el pleno de ministros de la Corte de Apelaciones de Chillán, encabezado por su presidente Guillermo Arcos Salinas, ordenó iniciar una investigación sumaria administrativa en contra del conservador de Bienes Raíces de Chillán, abogado Yamil Najle, a raíz de los pagos por supuestos sobornos que hubo por medio de su nombramiento como titular de esa entidad.
Una vez que se decretó la suspensión del abogado, el pasado 15 de diciembre, se entregó un plazo de dos meses para la investigación sumarial, cuyo destino es que los ministros del tribunal de alzada se pronuncie respecto a su continuidad en el cargo.
Cumplido el tiempo, desde la corte chillaneja informaron que el fiscal judicial a cargo de la causa solicitó una prórroga, la que finalmente se fijó para el próximo 17 de abril, siendo además la única vez que se extenderá el tiempo para la investigación.
En uno de los aspectos que incluso fueron objeto de crítica por parte de parlamentarios de la región, el sumario se ordenó mucho después, al menos respecto a los ordenados en la Corte de Apelaciones de San Miguel respecto al conservador de Puente Alto, Sergio Yaber, y la de otros actores del Poder Judicial de la Región Metropolitana.
Y dentro de los argumentos entregados por la corte local a los medios figuraba el que se había tomado en cuenta los artículos de la prensa chillaneja como de Santiago para considerar procedente el trabajo sumarial.
“Con la cuenta dada de los antecedentes existentes en carpeta digital en relación a lo ordenado por la Excelentísima Corte Suprema mediante resolución de 11 de noviembre del actual, dictada en administrativo 1643-2025; teniendo presente el contenido de las publicaciones de prensa acompañadas por el Departamento de Comunicaciones del Poder Judicial, y; lo dispuesto en el acta 108-2020 del Máximo Tribunal”, dictaba la resolución.
Se especificaba también, que el fin del trabajo del fiscal Solón Viguera, es “determinar su eventual responsabilidad derivada del supuesto traspaso de dinero de su cuenta bancaria personal al señor Gonzalo Migueles Oteíza (cónyuge de la destituida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, NdeR)”, señala la resolución.
En caso de una eventual destitución, deberá concretarse un nuevo llamado a concurso para ocupar este cargo, uno de los que genera mayores réditos dentro del aparato estatal, razón por la que -como ha quedado a la vista- se ha generado tramas de corrupción para obtenerlos.
Los pagos que lo complican
En materia penal, Yamil Najle, está imputado por lavado de activos en la causa “Muñeca Bielorrusa” que lleva la fiscal de Los Lagos, Carmen Gloria Wittner, sin embargo, su caso también está bajo la lupa del fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky, tras la declaración del abogado Eduardo Lagos, quien involucró a la senadora Loreto Carvajal (PPD) como receptora de $300 millones para intervenir en su nombramiento como conservador.
Por lo demás, de acuerdo al portal El Mostrador, el suspendido conservador de Chillán recibió ocho depósitos por $21 millones de pesos del notario Matías Jorquiera Sotomayor, quien estaba en calidad de interino en Cauquenes, la misma plaza que ocupaba antes Najle.
Najle, a su favor, habría asegurado ante Carabineros, que los depósitos respondían a la “función que cada uno de ellos realizó en la época y el espacio físico en que las labores se realizaron. Por lo anterior, no constituye irregularidad alguna”, de acuerdo a El Mostrador.
Mientras que otros de los antecedentes claves en la arista chillaneja de la trama, es que Najle habría reconocido ante la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, haber sido parte de la triangulación de dineros con Gonzalo Migueles quien, según su declaración, tenía estrechos vínculos con cuatro conservadores y dos notarios, entre ellos, la actual conservadora de bienes raíces de Talca, Camila Jorquiera Monardez, quien negó en un reportaje de Ciper tener vínculo alguno con la pareja de Angela Vivanco
