La Corte de Apelaciones de Chillán resolvió que se debía continuar en la investigación solicitada por los directores de la exClínica Chillán, en contra de quien fuera su tesorero entre los años 2015 y 2018, a quien responsabilizan por la pérdida de más de $55 millones.
Lo anterior, luego que la abogada de Concepción, Victoria Cayumil, quien representa al conglomerado, recurriera al tribunal de alzada, disconforme con lo resuelto por el Juzgado de Garantía de Chillán, que había resuelto sobreseer la causa, por la no realización de diligencias exigidas para esta etapa del proceso judicial.
Conforme a la querella presentada el 7 de mayo del año del 2018, el área de Control de Gestión de la Clínica Chillán informó que se había detectado la realización de una contabilidad irregular de efectivo, de parte del tesorero de la Clínica en esa época, que arrojaba un faltante de $500.000 (quinientos mil pesos).
En razón de ello y con la finalidad de interiorizarse en el detalle de las operaciones que se desarrollaban en el área de finanzas, dentro de la clínica, “la nueva gerente del área, Mónica Jiménez Salas, solicitó información sobre todas las cuentas contables utilizadas por cada usuario de las unidades de la Clínica, entre ellas, la unidad de tesorería, siendo esta última la única que no informó de manera satisfactoria sus operaciones, las que eran practicadas por el mismo tesorero”.
En esas fiscalizaciones internas se detectó que desde Tesorería no se estaba siguiendo con la modalidad interna de depósito de las recaudaciones. Fue así que, al ser solicitada una cuenta simple de efectivos del mes de marzo del presente año, se detectó, nuevamente en la unidad de tesorería, un faltante de efectivo, ahora, por la suma de $1.100.000.
La gerenta de Finanzas y el gerente general de la clínica, le pidieron al tesorero una explicación, pero de acuerdo a la querella, “frente a las preguntas que se realizaban, solo se limitó a señalar que no las entendía, dando una serie de respuestas evasivas, para indicar, finalmente, que era una práctica habitual que realizaba desde que se inició el servicio de Prosegur en el año 2015, con la finalidad de cubrir un faltante anterior y superior al consultado, pero, sin señalar cuál era el monto específico a que se refería, ni la fecha en que fue detectado, no obstante, habérsele preguntado de manera expresa, ni, menos aún, el destino del dinero faltante”.
Pese a que la defensa del tesorero ha insistido en que su representado no tiene participación dolosa en los hechos y que no elementos que sustenten la acusación, la Corte de Apelaciones, el pasado 1 de septiembre, expresó que “no es posible concluir, conforme al estándar de convicción exigido, que se encuentra establecida claramente la inocencia del imputado, sin que los argumentos vertidos en la resolución en alzada justifiquen la decisión adoptada”.
