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La Corte de Apelaciones de Santiago ha emitido un fallo favorable a las órdenes de no innovar presentadas por Gendarmería de Chile para restringir las visitas a reclusos en el Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad de Santiago. Estas restricciones se aplicaron en relación al caso del homicidio del suboficial de Carabineros Daniel Palma, presuntamente cometido por migrantes indocumentados.
La controversia surgió a raíz de dos resoluciones emitidas por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago el lunes, las cuales autorizaron a ciudadanos venezolanos con cédulas de identidad “sin validar” a visitar a sus familiares detenidos en el mencionado recinto. Los reclusos implicados en el caso fueron identificados como Ovicmarlixon Garcés Briceño, Davis Fuentes Escalona, Lermi Albarrán Angulo y Luis Lugo Machado.
Gendarmería presentó un recurso ante la Corte de Apelaciones el 12 de octubre de 2022, argumentando que esta decisión no cumplía con las normas que rigen este tipo de acciones. La institución señaló que el proceso de visitas a reclusos está reglamentado por normativas internas y relacionadas con la Ley de Migraciones de carácter general, lo que justifica la imposibilidad de modificar los protocolos o procedimientos internos.
En su defensa, Gendarmería afirmó que estas políticas no vulneran los derechos de los internos y buscan asegurar el ingreso de visitantes a los establecimientos penitenciarios de acuerdo con la normativa legal aplicable. La institución aseguró que no se han conculcado los derechos de recibir visitas y que la medida se ajusta estrictamente a las leyes vigentes.
El argumento principal de Gendarmería se basó en el artículo 43 de la Ley 21.325 Migración y Extranjería, que establece que las cédulas de identidad de personas extranjeras mantienen su vigencia mientras tengan una solicitud de visa o residencia en trámite o hasta que la autoridad migratoria resuelva la solicitud correspondiente.
El Gobierno respaldó la acción de Gendarmería. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, expresó que la institución ha afirmado que las personas que no tengan regularizada su situación en el país, especialmente en recintos de máxima seguridad, no pueden realizar visitas en cárceles.
