Para mañana se espera se resuelva la competencia del Juzgado de Garantía de San Carlos, respecto a la causa que el Ministerio Público formalizó el 9 de mayo, y que se conoce como el “Caso Led”, que involucra a dos exfuncionarios de la Municipalidad de Chillán.
La investigación tiene por objetivo establecer el concurso y su grado del renunciado administrador municipal, Ricardo Vallejos, y del desvinculado asesor jurídico, Marcelo Campos, en los delitos de cohecho y violación de secreto, respecto a la licitación por cerca de $3.970 millones para el recambio de las luminarias de la comuna, a tecnología led, que se había adjudicado la empresa Itelecom, cuyo dueño, Marcelo Lefort, está en prisión preventiva, al igual que Vallejos y Palacios.
El que la investigación, originalmente, la haya iniciado el fiscal jefe de San Carlos, Rolando Canahuate, a raíz de una denuncia hecha en esa Fiscalía, en el contexto de la adjudicación de Itelecom para el recambio de luminarias en San Fabián, le permitió al Ministerio Público Regional poder dejar hasta el momento, el proceso a cargo de la jueza Claudia Gómez, titular de San Carlos.
Si bien en la causa sanfabianina no se encontraron anomalías judiciales, en esas mismas indagaciones el fiscal Canahuate habría encontrado una hebra que le llevó a detectar anomalías en el proceso que Itelecom ganó en Chillán en 2019, pasando la causa la Fiscalía Local de Chillán.
Sin embargo, mediante escritos, los abogados Giovanni Gotelli (por Campos) y Ricardo Robles (por Vallejos) sostienen que por tratarse de una investigación de hechos cometidos, presuntamente, en Chillán, es el Juzgado de Garantía de la capital de Ñuble y no la de San Carlos, el que debe conocer la causa.
En tanto, el abogado Miguel Chaves, (por Lefort) plantea que dado que la investigación también alcanza a Iquique y Santiago, debe ser arbitrada por un juzgado santiaguino, dado que la empresa Itelecom y su dueño, tienen domicilio allá.
Razones logísticas
Giovanni Gotelli asegura que las razones que hay tras su escrito, solicitando el cambio de jurisdicción, son solo logísticas,desmarcándose de cualquier otro tipo de explicaciones que apunten a una razón estratégica del Ministerio Público por mantener el proceso en San Carlos.
“Lo nuestro pasa solo por lo jurídico y no lo planteamos como una necesidad, también hay razones prácticas, entendiendo que es más fácil y más expedito tramitar en Chillán que en San Carlos, y pensamos que jurídicamente es lo que corresponde”, dijo.
La situación parece más confusa aún para Ricardo Robles quien plantea: “no entiendo por qué la formalización se hizo en ese Juzgado, si la sede de este presunto delito fue Chillán, por lo que jurídicamente, corresponde que se resuelva acá, más todavía entendiendo que la Fiscalía que la lleva a cabo es la de Chillán”.
Para hoy, tras el relato del abogado Gabriel Hernández, Gotelli y Robles presentarán sus argumentos, y los descargos de la Fiscalía. Los ministros deberán realizar un receso, para volver con una resolución en el mismo transcurso de la mañana.
Diferencias con Iquique
La formalización de Vallejos y Campos se realizó un día después de la que se celebró en el Juzgado de Garantía de Iquique, también por el caso led, y que terminó con seis personas en prisión preventiva, más otros seis con arresto domiciliario.
Entre ellos, concejales y funcionarios públicos.
Lefort, en cambio, fue formalizado en ambos juzgados.
Pese a esto, para los defensores en Chillán, ambas investigaciones guardan muchas diferencias.
Gotelli dice que “de hecho allá hay lavado de activos, hubo adjudicaciones y gastos de dinero, lo que acá no se ha mencionado. Aquí le han dado una connotación menor que en Iquique, donde también hubo formalización por asociación ilícita, lo que en el caso de los señores Campos y Vallejos se ha dejado de lado”.
El abogado insiste en que “la Fiscalía no ha mostrado nada concreto, por lo que creo que todo este proceso quedará en nada”.
