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La justicia de Colombia puso frenos este miércoles a una reforma tributaria que pretendía recaudar 2.000 millones de dólares para proyectos de infraestructura y del acuerdo de paz con las exguerrillas FARC, señalando errores de procedimiento en su trámite ante el Congreso.
“La Corte Constitucional declaró la inexequibilidad de la Ley de Financiamiento en su integridad, por haber desconocido en el curso del debate parlamentario los principios de publicidad y consecutividad”, indicó el alto tribunal en un comunicado.
La Corte Constitucional, el órgano que vela por el cumplimiento de la Carta Magna, consideró que a finales de 2018 la Cámara (baja) aprobó el texto de la ley que el día anterior había votado el Senado, sin que se hubiera hecho público el documento definitivo y, por tanto, prescindiendo del contenido final con los cambios de última hora.
Además, “no hay constancia de que se hubiera distribuido una copia impresa del texto (…) y no se anunció que la información estaba publicada en la página web del Senado”, declaró la magistrada Gloria Stella Ortiz, presidenta del alto tribunal.
La reforma tributaria pretendía recaudar cerca de 2.000 millones de dólares en el 2019, de un faltante de 4.000 millones de dólares, para sostener proyectos de infraestructura y del acuerdo de paz con la exguerrilla FARC, que según el gobierno están “desfinanciados”.
Con seis de los nueve votos posibles, la corte decidió que la reforma tributaria del presidente Iván Duque se mantendrá vigente durante el 2019 y hasta el primero de enero del próximo año. En ese periodo de tiempo, el gobierno y el legislativo deberán “ratificar” el mismo proyecto o impulsar una nueva Ley de Financiamiento.
“He dado instrucciones al ministerio de Hacienda y Crédito Público para que a la mayor brevedad presente ante el Congreso de la República un proyecto de ley que recoja todos los beneficios, mecanismos y normas que contenía la ley aprobada por el Congreso”, declaró el presidente Iván Duque.
Por su parte, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, aseguró que la decisión del alto tribunal constituye “un serio golpe a la credibilidad de la política económica”.
Colombia, la cuarta economía de América Latina, según el Banco Mundial, ha sido golpeada por la baja de los precios internacionales del petróleo, aunque el gobierno de Duque se ha beneficiado de un leve alza en el valor del crudo.
El gobierno prevé un crecimiento de la economía de 3,6% para este año, aunque el Banco de la República (emisor) bajó sus proyecciones de 3,5% a 3,0%
