Más de dos meses han transcurrido desde que se cumpliera el plazo de 300 días que la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) otorgó a la empresa Agrícola y Frutícola Veneto Ltda., para concretar el cierre del plantel porcino Santa Josefina, ubicado en el sector Bustamante de Coihueco, por funcionar “al margen de la ley, con una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) revocada”.
La empresa hasta la actualidad no ha iniciado el despoblamiento del plantel, y ha interpuesto una serie de recursos judiciales desde que fue notificada.
Uno de los argumentos de la defensa de los empresarios Alejandro y Giovanna Velilla consistía en que la SMA debía esperar el resultado del recurso de protección que sus abogados, Juan Carlos Urquidi y Luis Eduardo Cantellano, presentaron a la Corte de Apelaciones de Santiago en agosto pasado.
La Corte de Apelaciones de Santiago resolvió rechazar el recurso de protección. Entre sus argumentos, la sentencia consideró que “tales derechos y prerrogativas han sido ejercidos por la sociedad, lo que avalan los documentos adjuntos a este cuaderno, procedimiento que se ha extendido por varios años, incumpliendo la recurrente las obligaciones medioambientales contraídas, motivando la clausura de su establecimiento”.
El tribunal de alzada recordó que “esta misma acción ya se ejerció en la Corte de Apelaciones de Chillán con igual resultado”.
El abogado Cantellano recurrió a la Corte Suprema, afirmando que la sentencia tenía errores.
Acciones de los vecinos
La Fiscalía local de Chillán realiza una investigación por desacato y eventual delito ambiental en contra del plantel, a cargo del fiscal Sergio Pérez.
Desde hace dos meses la ONG Defensa Ambiental asesora judicialmente a los vecinos de Bustamante, quienes reclaman desde hace años por malos olores y una posible contaminación de aguas.
El abogado asesor de los vecinos, Ricardo Frez, enfatizó que “hemos evaluado la posibilidad de querellarnos y de hacernos parte en esa investigación que se está realizando”.
Frez analizó que la empresa “buscó primero un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Chillán, que fue declarado inadmisible, en Santiago está admisible, pero fallaron en contra de lo que ellos planteaban, y ahora lo que hicieron fue recurrir de casación a la Corte Suprema. Nosotros estamos esperando lo que resuelva la Corte, eventualmente ese litigio pudiera cambiar el resultado, pero siendo objetivos, ellos no tienen ningún argumento legal fehaciente para justificar que vaya a fallar a favor. Ellos se están valiendo de manera bastante lamentable de todos los mecanismos legales que están a disposición para dilatar la aplicación de la sanción”.
El abogado afirmó que “estamos a disposición de la Superintendencia para seguir aportando antecedentes de que la empresa sigue con su misma conducta de irregularidades y por otro lado pretendemos que mientras se resuelve el recurso de protección que ellos están viendo en Santiago, nosotros presentar uno en favor de los vecinos para insistir en que se ordene el cierre, en complemento a lo que puede hacer la SMA”.
Frez descartó que la tesis de los abogados de la empresa que sostiene que el plantel no necesita de RCA por iniciar su actividad económica antes de que entrara en vigencia la legislación ambiental, es “incorrecta, esto sería si ellos mantuviesen las mismas condiciones que han tenido desde los años 60, que es cuando dicen que comenzaron a funcionar, pero claramente durante todo este tiempo han modificado su proyecto y cuando se amplía sí tienes una obligación de ingresar a evaluación ambiental. Es tal el nivel de contradicción que tienen, que han intentado ingresar varias veces a evaluación ambiental”.
