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Un nuevo episodio en la controversia sobre la “confianza legítima” vivió este martes la Contraloría General de la República, luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago acogiera una orden de no innovar, presentada en un recurso de protección por la Fundación Fuerza Ciudadana, y ordenara suspender la aplicación del polémico dictamen emitido recientemente por Dorothy Pérez, contralora titular.
El dictamen en cuestión aborda un tema clave para los funcionarios públicos contratados bajo la modalidad a contrata, quienes buscan claridad respecto a los años necesarios para que se configure la “confianza legítima”. Este principio garantiza la expectativa razonable de continuidad laboral mediante renovaciones anuales, siempre que no existan causales justificadas para la desvinculación.
El denominado “criterio Dorothy Pérez” busca deshacerse de parte del legado en materia laboral de su antecesor, Jorge Bermúdez, que durante su administración estableció que, si a un funcionario público se le renovaba la contrata por más de dos años, dicha persona contaría con la confianza legítima de que se seguiría renovando.
Ahora, la institución ya no emitiría dictamen en esta materia y, por lo tanto, los trabajadores a contrata, en caso de ser despedidos después de dos años, deberán ir a la justicia, lo que las organizaciones que representan a trabajadores y funcionarios consideran un “retroceso”.
La decisión de Dorothy Pérez generó rechazo en los gremios de los funcionarios públicos, quienes se movilizaron exigiendo la intervención del Gobierno.
En medio de la controversia, la fundación Fuerza Ciudadana, en representación de dos funcionarios municipales a contrata de La Cruz (región de Valparaíso), interpusieron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones, luego de ser desvinculados del municipio.
