Esta semana volvieron a realizarse las audiencias de control de detención en todos los Juzgados de Garantía de la región, de manera semipresencial, con lo que se puso fin a la celebración de estos procesos desde los calabozos de las comisarías de Carabineros.
Esto luego que la propia institución policial, mediante un escrito firmado por el jefe de la VIII Zona de Carabineros Ñuble, general Mario Sepúlveda, expusiera que ellos no podían seguir disponiendo de personal ni de sus dependencias para este tipo de trámites.
La noticia causó sorpresa en algunos estamentos que suelen ser parte de los intervinientes en este tipo de audiencias. Según información extraoficial obtenida por La Discusión, originalmente los jueces de los respectivos tribunales de Garantía de Ñuble se habían opuesto a la solicitud, argumentando razones sanitarias, toda vez que consideraban que sus dependencias no contaban con calabozos ni salas que pudieran garantizar la prevención del contagio de la Covid-19 en caso de haber un imputado con coronavirus.
Consultado al respecto, el ministro vocero de la Corte de Apelaciones, Guillermo Arcos, dijo tajante que “acá quienes deben determinar ese tipo de resoluciones somos nosotros y nosotros dispusimos que las audiencias deben volver a ser presenciales”.
Con respecto a los reparos por las condiciones sanitarias que puede ofrecer un tribunal, el magistrado apeló a la máxima matemática que dice que “el orden de los factores no altera el producto”, por lo tanto añadió que “se pueden contagiar con la misma probabilidad en el calabozo de Carabineros que en los de los tribunales”.
Como dice el lema
Por parte de la Defensoría Penal Pública regional, el defensor jefe (s), abogado Antonio Guerra, comentó que se había instruido a cada jurisdicción de la región verificar que los tribunales observaran todos los protocolos sanitarios necesarios, “porque nosotros tenemos como lema que si el imputado está en el tribunal, el defensor también debe estar ahí”.
Evidentemente, en caso de advertirse falencias o estaciones que no brinden las condiciones exigidas, la institución defensora se lo hará presente a la corte.
En Gendarmería, el suboficial Cristian Montecinos, presidente de la Anfup (Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios), advirtió que “hay un tema también con el traslado de los imputados al tribunal, nuestros vehículos lógicamente no pueden ofrecer un distanciamiento sanitario. La verdad es que la determinación nos preocupa, por lo que también estamos pendientes de que se puedan dar las condiciones para trabajar sin riesgos para los imputados, como para los funcionarios del Equipo de Traslado”.
