Como grave calificó el abogado Juan Carlos Manríquez, defensor del exadministrador municipal de Chillán, Ricardo Vallejos, el que aún la Corte de Apelaciones local no haya definido un tribunal competente para seguir con el proceso del Caso Led.
La opinión, que también comparte su colega, Giovanni Gotelli, no se hizo en un tiempo aleatorio, sino que surge luego que el pasado viernes, el fiscal judicial, Juan Pablo Nodeau, evacuara un informe, hecho a solicitud de los ministros del tribuna de alzada chillanejo, en el que tras revisar los escasos antecedentes públicos que existen respecto a esta investigación de delitos de corrupción, concluye que mientras no se determine en qué ciudad se cometió el primer delito, no se puede designar un tribunal competente.
El fiscal Nodeau especifica que “en el estado actual del proceso, y sin perjuicio de que ha sido Chillán, la ciudad en donde aparecen haberse ejecutado un serie de actos para favorecer en definitiva a los oferentes de soborno, no es posible determinar con meridiana certeza el lugar donde se produjo la ya tantas veces aludida oferta”.
Se debe precisar que conforme a la Ley cada juzgado debe operar conforme al principio de ejecución, es decir, se declarará competente el tribunal que corresponda a la comuna en donde se cometió el ilícito.
Por esta razón, en el mismo documento, el abogado Nodeau añade que “a mayor abundamiento, la circunstancia de haberse realizado entre algunos de los imputados para la ejecución de los delitos, reuniones presenciales en lugares como Talca, Providencia o Las Condes, tampoco permite clarificar en cuál de ellos se produjo la oferta”.
Y a lo anterior, se señala otra indicación que tampoco fue del gusto de los defensores. La investigación del fiscal judicial, concluye que “al menos en el estado actual de tramitación de autos, y de acuerdo al mérito de los antecedentes, al no poder determinarse aún en forma precisa, el lugar donde ha tenido su origen la comisión de los ilícitos, este Fiscal Judicial es de la opinión de que por ahora, deber seguir conociendo del proceso, el tribunal donde se ha iniciado la investigación judicializada, el que corresponde al Juzgado de Garantía de San Carlos”.
Bajo la lógica del abogado Manríquez, “el que se designe un tribunal u otro, no es necesariamente algo perjudicial para las defensas, sin embargo, ese tribunal ya se declaró incompetente y se debe tener un respeto irrestricto a la congruencia procesal y a las reglas del principio de ejecución”.
Para el jurista, esta indeterminación obedece a la existencia “de las imprecisiones y bordes difusos que tiene la investigación del Ministerio Público. Ellos han querido tramitar la causa en esas condiciones, porque no pueden o no quieren definir y acotar los hechos, lo que ha terminado resultando más funcional a su estrategia de persecución”.
Manríquez sigue sosteniendo que el tribunal idóneo para esta investigación es el 8vo Juzgado de Garantía de Santiago, ubicado en la comuna de Providencia.
“La magistrado de San Carlos (Claudia Gómez) cuando declara incompetente a su tribunal fue muy clara en señalar que se había dicho en un comienzo que en la investigación aparecería un personaje que permitiría vincular de manera fehaciente la causa con San Carlos. Y ese personaje, nunca apareció”, finalizó.
Esperan opinión distinta
Giovanni Gotellli, representante del exasesor jurídico de la Municipalidad de Chillán y actual juez de Policía Local de Pemuco, Marcelo Campos, insiste en que “si existe un tribunal que de ninguna manera es competente para esta causa, es San Carlos”.
Añade que el principio de ejecución no se puede determinar por el lugar en el que se inicia una investigación (argumento con que la Fiscalía Regional llevó en primera instancia la formalización a ese juzgado), sino por el lugar donde se cometió el delito, y si la Fiscalía no lo ha determinado es porque no lo saben”.
Pero Gotelli agrega que “el no contar con un tribunal es gravísimo y atenta contra los derechos de los imputados ya que no existe dónde discutir un eventual cambio o revisión de medidas cautelares. No olvidemos que llevan privados de libertad desde el mes de mayo, y siguen sin saber por qué”.
Gotelli, finalmente, añade que “este informe representa sólo el parecer del fiscal judicial. Esperamos que los ministros de la Corte, tengan una opinión distinta”.
Audiencia en Santiago
Luego que el Consejo de Defensa del Estado presentara una querella en contra de Itelecom, como personalidad jurídica, ante su eventual participación en los delitos de sobornos para quedarse con la licitación del cambio de luminarias en las comunas de Chillán e Iquique, el bufete de abogados que la representa pidió una audiencia en el 8vo Juzgado de Garantía de Providencia.
Fuentes ligadas a la investigación explicaron que se trata de una audiencia a la que se llega vía inhibitoria, y en la que se buscará que este tribunal metropolitano acepte la competencia en la causa.
El fundamento sería que el soborno (admitido en la declaración de su dueño, Marcelo Lefort) se propuso en las oficinas de estas empresa, ubicada en Santiago.
