La Corte de Apelaciones de Chillán confirmó hoy, viernes 3 de mayo, la prisión preventiva del empresario Rodrigo Andrés Carmona Olivares, imputado por el Ministerio Público como autor de los delitos de estafa y soborno. Ilícitos que habría perpetrado en el marco de procesos de licitación de cuentas bancarias de municipios durante el año pasado.
En fallo unánime (causa rol 494-2024), la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por las ministros Guillermo Arcos, Paulina Gallardo y Érica Pezoa– ratificó la resolución impugnada, dictada el 26 de abril pasado por el Juzgado de Garantía de Bulnes.
“Que el transcurso del tiempo no es una circunstancia que por sí sola sea suficiente para estimar que ha disminuido la necesidad de cautela. Y asimismo, el hecho de realizar un depósito judicial no es antecedente que permita tener por configurada una circunstancia atenuante, pues dicha calificación es propia del juicio oral no siendo la etapa procesal para establecerla”, consigna el fallo.
La resolución agrega que: “(…) consecuentemente, no existe un nuevo antecedente concreto que derive en una conclusión distinta a la acreditación de los presupuestos materiales y de la necesidad de cautela que permitan concluir, por ahora, y en esta etapa del procedimiento, que una medida diversa a la prisión preventiva es suficiente para resguardar los fines del procedimiento y la seguridad de la sociedad, teniendo especialmente presente la gravedad de la pena asignada a los delitos que se le imputan y la naturaleza de los mismos”.
Según el ente persecutor, mediante una investigación que incluyó la interceptación de teléfonos y seguimientos, se logró detectar que el imputado se concertó con funcionarios públicos para adjudicarse irregularmente procesos de licitación de cuentas bancarias de la Municipalidad de San Ignacio y otras casas edilicias.
