La sociedad parece haberse acostumbrado -no sin algún grado de resignación y también de cinismo- a convivir con episodios escandalosos de corrupción, asociados con la actividad política y la administración pública.
Situaciones que bajo rigurosos estándares de transparencia habrían acarreado la renuncia de los funcionarios involucrados, desde hace un tiempo aparecen como simples coincidencias o controversias orquestadas para enlodar la imagen política de las autoridades que se ven envueltas en situaciones de esta índole.
El tema, sin duda, cobra vigencia por la conmoción pública que causó ayer a nivel local la detención de funcionarios de la municipalidad de Chillán, eventualmente comprometidos en una causa de ramificaciones nacionales por cohecho que afecta a otros municipios del país que tienen administraciones de diferentes colores políticos.
El escándalo remece hasta el fondo el gobierno que encabeza el alcalde Zarzar. Su mano derecha, el administrador municipal, supuestamente el hombre de su confianza, y el proyecto más emblemático de todo su último mandato, aparecen manchados por la supuesta corrupción de una licitación de luminarias LED. El otro protagonista es la empresa Itelecom, una firma de dudoso desempeño en otras operaciones similares, según establece la investigación por cohecho y violación de secreto que actualmente indaga la Fiscalía de Ñuble.
Ante los antecedentes y su contundencia, cuesta entender que en un proceso donde participaron el alcalde, los concejales y los principales directivos de la corporación edilicia, no hayan advertido las irregularidades con que operaba esta firma, o simplemente las toleraron, lo que constituye un hecho aún más grave a la evidente negligencia administrativa que operó gracias a los escasos filtros que parecen existir en el municipio local.
Sin embargo, no solo este caso es revelador de la escasa conciencia por garantizar altos estándares de transparencia en el gobierno local, pues a menudo vemos a concejales y altos funcionarios disfrutando las “atenciones” de empresas que prestan servicios a la ciudad a través de contratos que ellos mismos aprueban; o votando iniciativas que afectan a empresas con las cuales tienen relaciones comerciales o incluso respaldando proyectos que benefician directa o indirectamente a familiares.
Se esperaría que la ética y la autolimitación jugaran un rol más importante en el municipio de Chillán, pero obviamente no son suficientes. Hay elementos objetivos que deben servir para inhibir e impedir la participación de personas inescrupulosas, como también para modificar normativas internas y formalidades que -como se ha visto- son fácilmente manipulables.
Después de este episodio -e independientemente de si hay eventuales sanciones para todas y todos los involucrados- el tema se ha instalado en la agenda; sin embargo, ya sabemos que si solo se discuten estos asuntos frente a la efervescencia de una noticia o controversia, el avance para dotar de mayor legitimidad y transparencia a la administración municipal de Chillán será cercana o igual a cero.
