Luego del escándalo suscitado en Biobío con el traspaso de cuantiosos montos desde el Gobierno Regional a una fundación encabezada por una excandidata a alcaldesa, autoridades locales han salido a plantear mecanismos para fiscalizar de mejor manera los recursos.
Así, el consejero regional del Biobío, Rodrigo Vera (UDI), propuso que se impulsara un cambio en la normativa para que todos los recursos traspasados por los gobiernos regionales hacia fundaciones, seremías, direcciones de servicio y municipios, tengan que pasar obligatoriamente por la aprobación de los consejeros regionales.
Esto, debido a que la ley establece que los gobiernos regionales aprueban marcos presupuestarios, es decir, un conjunto de materias que puedan ser tratadas. Y cuando los proyectos son inferiores a 7 mil UTM ($442 millones aprox.), las iniciativas se pueden aprobar directamente, atendiendo que el marco fue aprobado. Si la cantidad supera las 7 mil UTM, necesariamente tiene que ser votado por el Consejo.
Esta solicitud, que nace desde la región del Biobío, y cuyo objetivo es que exista una mayor transparencia al momento de traspasar recursos, es respaldada por diversos consejeros de la región de Ñuble, quienes hicieron un llamado al gobernador, Oscar Crisóstomo, a respaldar la idea de que el órgano colegiado tenga mayor injerencia a la hora de definir el destino de los dineros.
“Es un tremendo peligro”
Javier Ávila, core de RN, manifestó que esta atribución del gobernador “es casi privativa, puesto que los consejeros nos enteramos posteriormente a una eventual asignación de recursos. El hecho que los gobernadores tengan facultad exclusiva de asignar recursos hasta por alrededor de $450 millones es un tremendo peligro, no hay contrapeso, no hay análisis previo. El análisis siempre es ex post, es decir, ellos asignan, nosotros nos enteramos como consejo regional posteriormente y eso todo de acuerdo a la ley, porque como digo, ésas son facilidades que se han ido entregando, desde mi perspectiva, con un concepto errado de fortalecimiento de las regiones, entregándole más poder a una sola persona, sin los contrapesos que deben existir, y que debe ejercer el Consejo Regional”, aseveró.
Desde la UDI, el consejero regional John Polanco, dijo estar “absolutamente de acuerdo con la iniciativa levantada por los colegas del Biobío, porque las atribuciones que se le entregan a los gobernadores según la ley, carecen de objetividad para proyectos de inversión e iniciativas cuyos montos de ejecución no superan las 7 mil UTM, es decir, no superan los $442 millones. Es, en definitiva, entregar una billetera fiscal a entera discrecionalidad y disposición de los gobernadores, quienes no contemplan la discusión de cuáles son las verdaderas prioridades, sin que en ello participen los consejeros regionales”, sostuvo.
Por ello, dijo, “en estos tiempos en que la comunidad requiere de mayor transparencia, por cierto esto cambiaría todo el escenario actual que enfrentan algunos gobiernos regionales. Por lo tanto, es importante que los consejeros regionales participen en la democratización y en el debate, para poder también aprobar todo lo que pase por el gobierno regional. En definitiva, debiéramos tener estas facultades para la ejecución presupuestaria, ya que hoy no la tenemos”, expresó.
El consejero regional de Demócratas, Alberto Jarpa, también está a favor de cambiar la legislación.
“Se ha generado un poder bastante importante para los gobernadores, sobre todo con la asignación de recursos en los programas de inversión del gobierno regional y sectorial, y las transferencias también incorporadas. Creo que esta disposición, que de alguna manera fue formulada por el legislativo, fue equivocada, ya que dejó a los consejos regionales con menos atribuciones de las que teníamos antes. Antes nuestro ejercicio era sobre el total del presupuesto, y asignábamos recursos proyecto a proyecto, llámese las distintas líneas de fuentes, como eran los fondos regionales de inversión local (FRIL), que los votábamos uno a uno, los fondos concursables, que también eran vistos por los consejeros. Creo que hay que hacer un cambio, es la oportunidad, esto demostró que fue un error”, precisó.
Jarpa se refirió también a que “no es lo mismo aprobar proyecto a proyecto que aprobar un marco presupuestario, ya que en ese marco entra todo, entonces me parece que se pierde el detalle de cada uno de los proyectos. Por lo tanto, contar con las especificaciones técnicas es fundamental para el buen uso de los recursos, y además, la generación de criterios, porque claramente uno podría definir hacia dónde se van los recursos, con qué énfasis, con qué indicadores, etc.”, planteó.
Según Alberto Jarpa, “dejar en manos del gobernador estos proyectos bajo las 7 mil UTM, claramente transgrede la posibilidad de poder ser parte de este proceso, porque claramente un gobierno regional podría tener muchas iniciativas bajo las 7 mil UTM, entonces prácticamente no las veríamos, o no conoceríamos muchas veces estas iniciativas. Estoy de acuerdo con que este artículo sufra modificaciones, porque está comprobado y está a la vista que fue un error, y lo que está pasando justamente ocurre por lo mismo, por lo tanto, creo que existe la oportunidad para que a los consejos regionales nos devuelvan las facultades y la potestad que teníamos, y se agregue otro elemento más en esto, que es la preparación de la agenda o del acta que se instala en las sesiones de cada uno de los consejos, ya que hoy está en manos del Ejecutivo, o sea, del gobernador”, planteó.
Mayor participación
Respecto de la solicitud de los cores del Biobío, la consejera del PC, Patricia Vera, afirmó que le parece “súper importante y súper atingente también por lo que está pasando a nivel nacional. Creo que cuando nosotros asumimos este nuevo período de consejeros regionales, como consejo regional nosotros perdimos muchas facultades con respecto a la aprobación de recursos. Siento que es súper importante que esto se cambie, porque así nosotros también tendríamos más control y sabríamos hacia dónde están siendo transferidos los recursos”, dijo. Patricia Vera recordó que “son hasta 7 mil UTM las que pasan directamente por el gobernador y sin aprobación nuestra, y que cuando se nos rinden cuentas, estos recursos ya han sido transferidos, y muchas veces no son bien utilizados. Si cambiara esto, nos permitiría a nosotros tener mayor fiscalización respecto de estos recursos, y así también ver que los gobiernos regionales no se vinculen a casos de corrupción. Así generamos también transparencia hacia la ciudadanía, porque muchas veces nos comentan, ‘oiga, ¿Sabe qué? Ustedes aprobaron fondos X para X organización, institución, ONG, etc.’, y nosotros no nos enteramos, porque la facultad del gobernador es aprobar fondos bajo 7 mil UTM”, aseveró.
Para el consejero independiente, Cristian Quilodrán, la idea de que todos los recursos traspasados por los gobiernos regionales deban ser aprobados por los consejeros regionales “no es solo un acto de responsabilidad, sino un paso valiente hacia una democracia más fuerte y participativa. Esto permitirá que las decisiones reflejen verdaderamente las necesidades de la gente y aseguren que cada peso se invierta donde realmente importa”, manifestó.
Añadió que esta propuesta “es un hito en nuestro camino hacia un gobierno más abierto y cercano a la gente. Refuerza la confianza en nuestras instituciones y demuestra que estamos aquí para trabajar, escuchar y actuar en nombre de quienes nos eligieron”, sentenció.
En tanto, la consejera regional del PPD, Lorena Vera, siempre ha estado convencida que para que exista una mayor democracia “debe existir transparencia y mayor participación. Por lo tanto, de acuerdo a los últimos hechos ocurridos o develados en el país, creo que se requiere que los gobiernos regionales en general, en todas partes, cuenten con la reglamentación de que todas las iniciativas que lleguen al Gobierno regional pasen por el Consejo Regional y tenga que ser éste el que apruebe en conjunto cada iniciativa, no solamente porque las aprueba, sino que porque que las revisa, las discute. Creo que éste es un acto más democrático, y al ser más democrático existe la posibilidad de generar consensos y de trabajar con una responsabilidad compartida entre quienes conformamos el Gobierno regional”, afirmó.
Lorena Vera recordó que si bien hoy cada iniciativa sobre 7 mil UTM se discute en comisión y después pasa a sesión, en el futuro, si fuera distinto, “todas las iniciativas pasarían por allí, tendríamos la discusión en las comisiones, y posteriormente, haríamos la discusión en sesiones que son abiertas, públicas, donde las personas pueden estar o verlas a través de Internet. Además, existiría un mayor diálogo de la ciudadanía con los consejeros o consejeras regionales representantes de su territorio, no solamente para ver las iniciativas que han ingresado al gobierno regional, sino que también aquellas iniciativas que les resultan importantes para su vida diaria”, sostuvo.
Mejorar mecanismos
Ante las voces que surgen desde el Consejo Regional para contar con mayor poder de fiscalización, el gobernador regional de Ñuble, Óscar Crisóstomo expresó que “como gobernador regional jamás me opondré al planteamiento de iniciativas que permitan entregar a la comunidad y a los representantes por ellos elegidos, tranquilidad respecto del destino y uso eficiente de los recursos. Sin embargo, estimo que el acento debe estar puesto en seguir contribuyendo a un proceso de descentralización y perfeccionado diferentes mecanismos de control que ya existen, porque lo que no podemos hacer, es caer en discusiones donde el centralismo gana espacio y por ende, retroceden procesos que tanto esfuerzo le han costado a las regiones”, manifestó.
Por eso, agregó, “frente a propuestas como ésta, mi llamado es a mejorar los mecanismos, a elevar los estándares en la administración pública con foco en la eficiencia todas las veces que se requiera, y ciertamente, restablecer las confianzas donde han existido quiebres. Hoy más que nunca cobra sentido trabajar unidos en la descentralización de nuestro país, porque eso nos ha permitido dar respuestas oportunas y cambiar la vida de las personas. Si hay gente que está incómoda con el avance del proceso descentralizador, es porque simplemente nunca ha estado comprometida con él, y no entiende que la concentración de poder, solo empobrece a nuestras regiones”, aseveró.
