Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Convicción para “Regiones más Fuertes”

En los países desarrollados (OCDE) el nivel central tiene a su cargo la definición de solo el 50% del gasto fiscal y los gobiernos locales la otra mitad. En Chile, en cambio, el poder de asignar los recursos está en Santiago, con el 85% de la toma de decisiones; mientras regiones y municipios asignan en forma autónoma la pequeña fracción restante, un 15%, margen que incluso sigue disminuyendo como consecuencia de la desmunicipalización de la educación.

Esta desviación de un sistema hipercentralizado y su posible solución, viene siendo expuesta hace décadas por estudiosos y organizaciones regionalistas, sin embargo nunca ha llegado a puerto. En los últimos 30 años ninguna iniciativa de este tipo ha prosperado y la razón es simple: nunca ha existido voluntad política para promover tales cambios.

¿Será ahora distinto con el proyecto de ley “Regiones más fuertes” que busca potenciar la autonomía en el manejo de los recursos por parte de los Gobiernos Regionales?

Nadie podría garantizarlo, pero este nuevo intento parece ir por el mismo camino. La iniciativa fue ingresada por el Gobierno hace casi 2 años, pero su avance en el Congreso ha sido casi nulo, pese a reiteradas advertencias de los gobernadores regionales y centros de pensamiento que impulsan la descentralización.

Según el documento presentado en abril de 2023, el proyecto permitiría a los gobiernos regionales tomar decisiones presupuestarias de manera más directa, diseñar nuevas fuentes de ingresos propios y ejecutar programas y obras con mayor agilidad. Igualmente, incorpora modernos mecanismos de control y transparencia, ya que establece reglas fiscales claras y sostenibles, lo que obligaría a las regiones a cumplir con programaciones financieras de mediano plazo, evitando compromisos fuera del marco presupuestario autorizado.

Al mismo tiempo, también implicaría realizar rendiciones de cuentas efectivas, introduciendo auditorías externas obligatorias al término de cada administración, incrementando la confianza ciudadana en la gestión de recursos. Por último, mejoraría la articulación de inversiones públicas entre gobiernos regionales, municipios y servicios, permitiendo ejecutar proyectos de gran envergadura, como hospitales, carreteras y sistemas de iluminación pública.

A nivel político, hay bastante consenso de avanzar en esta materia, aunque con matices. La Discusión le preguntó a todas y todos los parlamentarios y parlamentarias de Ñuble, y en general se mostraron favorables a apoyar un avance legislativo para mayor autonomía regional. En el oficialismo hay alta concordancia con lo propuesto por el Ejecutivo, mientras que desde la oposición las principales objeciones apuntan a lo que consideran una débil fórmula para garantizar la transparencia y los mecanismos de control, sobre todo después del Caso Convenios.

Evidentemente los actores políticos no son los mismos de hace tres décadas y eso podría dar una mejor oportunidad a esta propuesta, aunque también es evidente que los grupos de poder e intereses que se han beneficiado del centralismo siguen siendo los mismos, gozando de vetos y otros mecanismos para imponer su voluntad y posponer la renovada visión que Chile necesita sobre el protagonismo de los actores territoriales. Un proceso donde Ñuble debería tener mucho que decir.

Empresa Periodística La Discusión © 2025. Derechos Reservados