La mesa directiva de la Convención Constitucional ofició al Gobierno para solicitar la reasignación de $800 millones de pesos, pasando dicho dinero desde asignaciones al ítem de participación ciudadana.
La idea es destinar estos fondos a plataformas digitales de participación, como la promoción educativa, cápsulas convencionales y elementos de educación ciudadana y popular; además otorgar dinero a sistemas de información y atención ciudadana, con atenciones en forma presencial o vía teléfono; también para la participación territorial en comunas, provincias y regiones (audiencias, cabildos, reuniones, salida territorial y contratación de personal de apoyo) y, finalmente, en una consulta indígena y apoyo de proyectos y acciones emergentes de participación ciudadana, según consignó El Mercurio.
Esta redestinación de recursos fue analizado este lunes por parte de la mesa directiva, siendo tomada la decisión este jueves, lo que no fue unánime al existir un voto en contra: el constituyente Rodrigo Álvarez (UDI) sostuvo que “a esta fecha del año lo correcto, como en toda institución pública, habría sido que los recursos vuelvan al Tesoro Público y si son necesarios para el próximo año se vuelvan a destinar”, indicando que “no me parece que cuando quedan días de este año reasignar 800 millones de pesos, porque creo que es una decisión, en cuanto a los destinatarios de estos recursos, apresurada”.
“No me parece una buena política pública”, agregó, y argumentó que la mayor parte de estos recursos son de “asignaciones que no fueron utilizadas”, por ejemplo, un grupo de constituyentes de Chile Vamos, según Álvarez. “Llama la atención de que en un momento se pidieron más recursos y terminaron siendo redestinados”, dijo.
De acuerdo al oficio enviado a la Segpres y firmado por la presidenta de la Convención, Elisa Loncon, los dineros reasignados serán transferidos al Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECh), que “ha celebrado un convenio de colaboración” con el órgano constituyente y cuenta “con la orgánica administrativa y operacional para la gestión de recursos”.
En agosto pasado, la Convención solicitó al Ejecutivo 1.773 millones para asignaciones, lo que generó una controversia entre el Ejecutivo y algunos constituyentes que se oponían a esta petición, lo que terminó finalmente en la entrega de unos 1.200 millones de pesos.
