Señor Director:
Quizá no es razonable normar en el texto de la Carta Fundamental una materia impositiva, como son las contribuciones. Sin embargo, ello no debiera distraer de la consideración objetiva que lleva a cuestionar muy seriamente la pertinencia y naturaleza de ese impuesto, pues se trata de un tributo repleto de anomalías, escandalosamente regresivo y claramente atentatorio contra el derecho de propiedad.
Los ciudadanos comunes y corrientes, los millones de chilenos que integran lo que vagamente se denomina clase media, normalmente son personas y familias que tienen un inmueble en el que residen, y del cual no obtienen ninguna rentabilidad, puesto que el ingente esfuerzo realizado para adquirirlo está más vinculado con los valores de autonomía e independencia que con el descarnado afán de lucro. De hecho la vivienda propia es un anhelo natural, deseable y legítimo de toda familia.
Pero la abusiva intromisión del Estado ejerce una limitación brutal de ese derecho de propiedad, imponiendo un tributo que con los años se vuelve francamente confiscatorio, y se erige en una carga financiera que tiende a ser asfixiante e insoportable para millones de personas y familias. No tiene ninguna lógica que quienes han logrado adquirir un inmueble, y que no son personas que se dediquen al negocio inmobiliario, tengan que pagarle al Fisco virtualmente un arriendo de por vida, por el uso y goce de la propiedad de cuyo dominio son titulares. Se trata de un impuesto absurdo, obsoleto, propio de una pesadilla kafkiana u orwelliana, conceptualmente ridículo y éticamente aberrante, que al final les amarga la vida y asesta un golpe letal a las familias comunes y corrientes.
Gustavo Adolfo Cárdenas Ortega
Abogado
