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Contrato de la basura

Mauricio Ulloa

La nueva licitación para el servicio de recolección de residuos domiciliarios impulsada por la Municipalidad de Chillán en febrero de 2026 abre una oportunidad clave para corregir errores del pasado y, al mismo tiempo, proyectar una política moderna de gestión de residuos para la ciudad. No se trata de un contrato más: es uno de los servicios públicos más sensibles, tanto por su impacto sanitario como por el volumen de recursos que involucra.

La experiencia reciente obliga a encender las alertas. El conflicto judicial con la empresa de áreas verdes, que incluso derivó en una demanda superior a los $2.000 millones contra el municipio, ha dejado en evidencia falencias estructurales en la gestión contractual, desde retrasos en pagos hasta cambios reiterados de fiscalización y falta de certezas para las partes . A ello se suman observaciones de Contraloría por deficiencias en el control y cumplimiento de servicios, lo que demuestra que no basta con adjudicar un contrato: es indispensable gestionarlo adecuadamente .

Ese antecedente no puede ser ignorado. Por el contrario, debe transformarse en una lección institucional. La nueva licitación de la basura debe garantizar bases claras, exigentes y transparentes, con criterios técnicos robustos y mecanismos de fiscalización eficaces desde el primer día. No solo se trata de elegir a la mejor empresa, sino de asegurar que el municipio tenga la capacidad de supervisar, exigir y, si es necesario, sancionar oportunamente.

Además, la historia reciente del negocio de la basura en la intercomuna también invita a la cautela. Procesos anteriores generaron cuestionamientos por falta de competencia efectiva —con una sola empresa oferente— y por eventuales conflictos derivados de integración vertical en la industria, lo que levantó dudas sobre la transparencia y equidad del sistema . La nueva licitación debe, por tanto, fomentar la participación real de distintos actores, evitando condiciones que limiten la libre competencia.

Sin embargo, hay un aspecto aún más preocupante: el tratamiento que se da al reciclaje. En un contexto global donde la gestión de residuos avanza hacia la economía circular, resulta insuficiente que este nuevo proceso solo aborde parcialmente la valorización de desechos. La basura ya no puede entenderse únicamente como un problema de recolección y disposición final. Es, cada vez más, una oportunidad para reducir, reutilizar y reciclar.

Chillán no puede quedarse atrás en esta materia. La licitación debiera incorporar con mayor fuerza sistemas de reciclaje domiciliario, separación en origen y educación ambiental, integrando a recicladores de base y promoviendo un cambio cultural en la comunidad. De lo contrario, se corre el riesgo de perpetuar un modelo centrado exclusivamente en el relleno sanitario, con los impactos ambientales y sociales que ello implica.

El desafío es mayor que la firma de un contrato. Se trata de recuperar la confianza pública en la gestión municipal, de aprender de errores recientes y de proyectar una ciudad más limpia, moderna y sostenible. Hacer bien las cosas, esta vez, no es una opción: es una obligación con los vecinos y con el futuro de Chillán.

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