El calendario volvió a transformarse en un actor político. A cuatro semanas del receso legislativo de febrero, el Congreso enfrenta un escenario que combina urgencia, cansancio institucional y un progresivo sinceramiento de posiciones.
En ese marco, la reforma al sistema político dejó de ser una discusión técnica para convertirse en un test político de alto voltaje: su aprobación -o fracaso- marcará no solo el funcionamiento futuro del Parlamento, sino también uno de los últimos balances del gobierno del Presidente Gabriel Boric, cuando ya se acerca el momento de dejar el cargo.
El consenso sobre el diagnóstico es amplio y transversal. Chile opera hoy con uno de los Congresos más fragmentados de su historia reciente, con una proliferación de partidos y una alta presencia de parlamentarios sin anclaje orgánico estable. El resultado ha sido un sistema tensionado, con dificultades permanentes para articular mayorías, negociar reformas estructurales y ofrecer certezas mínimas al proceso legislativo. Sin embargo, donde el acuerdo se diluye es en la profundidad, el alcance y el momento de los cambios.
El Ejecutivo, que durante buena parte de su mandato evitó liderar este debate, decidió acelerar el paso en su último tramo. A través del Ministerio del Interior, ingresó al Senado un proyecto que endurece las condiciones para la constitución de partidos políticos y eleva las exigencias para competir como candidato independiente a la Presidencia. La iniciativa, ya despachada por la Comisión de Gobierno, será votada en sala la próxima semana, con discusión inmediata y con el respaldo declarado de sectores del PS, PC, Republicanos, RN y la UDI.
En paralelo, la Cámara de Diputadas y Diputados mantiene en tramitación una reforma constitucional de origen parlamentario -ya aprobada en el Senado- que aborda el núcleo más sensible del debate: el establecimiento de un umbral del 5% de votación nacional para acceder a representación parlamentaria y la pérdida del escaño para quienes abandonen el partido por el cual fueron electos.
Esta moción, aunque cuenta con apoyo transversal en el Senado, ha enfrentado un recorrido errático en la Cámara, donde los incentivos electorales pesan más que las definiciones estructurales.
La resistencia no es menor. Parlamentarios de partidos pequeños y algunos independientes sostienen que el umbral podría distorsionar la voluntad popular, al dejar fuera a candidatos con alta votación personal. Sus detractores, en cambio, apuntan a que ese argumento omite un dato clave: los sistemas proporcionales en democracias consolidadas incorporan filtros precisamente para evitar la dispersión excesiva y fortalecer la gobernabilidad.
La discusión, más que técnica, revela una tensión de fondo entre representación individual y agregación política.
Distintas miradas políticas
En regiones como Ñuble, las posiciones reflejan esa fractura. Mientras el diputado Felipe Camaño (ind.-DC) plantea que el foco debiera estar en incentivar coaliciones sólidas más que en blindar estructuras partidarias, desde Renovación Nacional y la UDI se insiste en que sin umbrales ni sanciones al discolaje, el sistema seguirá reproduciendo incentivos perversos.
Frank Sauerbaum (RN) y Cristóbal Martínez (UDI) coinciden en que la fragmentación actual vuelve inviable la construcción de acuerdos estables, aunque abren la puerta a discutir también el tamaño del Congreso.
Una mirada distinta plantea la diputada Sara Concha (PSC), quien observa con suspicacia el momento político de la reforma. A su juicio, discutir cambios estructurales en el último año de gobierno y en pleno ciclo electoral pudo responder más a cálculos partidarios que a una genuina voluntad de mejora institucional. El temor, advierte, es que la reforma termine consolidando ventajas para los partidos grandes y excluyendo voces que hoy representan a segmentos relevantes del electorado.
En tanto, el senador Gustavo Sanhueza (UDI) respalda la reforma al sistema político porque apunta a ordenar el escenario partidario, poner término al multipartidismo descontrolado y frenar el discolaje parlamentario.
Destaca que la iniciativa incorpora un umbral del 5% de votación nacional para acceder a la representación parlamentaria y establece la pérdida del cargo para quienes renuncien al partido que los patrocinó, con el objetivo de fortalecer la lealtad política y respetar la voluntad ciudadana expresada en cada elección.
A completar un diseño incompleto
Desde la academia, el debate adquiere una perspectiva más larga. A más de una década del fin del sistema binominal, los expertos coinciden en que el tránsito hacia un modelo proporcional fue necesario para ampliar la representación, pero que el diseño quedó incompleto.
La politóloga Fernanda Rubilar, de la Universidad de Concepción, sostiene que el problema no se resuelve únicamente ajustando reglas electorales, sino enfrentando la crisis de representación de los partidos, cada vez más débiles y desconectados de intereses colectivos.
Rubilar advierte, además, que los umbrales nacionales pueden tener efectos no deseados en un país con fuertes asimetrías territoriales, donde regiones completas podrían quedar sin representación si sus preferencias no coinciden con el promedio nacional. A su juicio, una reforma centrada solo en lo procedimental corre el riesgo de reproducir el centralismo y no abordar las causas profundas del descrédito político.
Más categórico es el análisis del exdelegado Presidencial, Gabriel Pradenas, quien califica la fragmentación actual como insostenible. Para él, el sistema político chileno premia el personalismo, la estrategia individual y el corto plazo, en desmedro de proyectos colectivos.
En ese contexto, el umbral del 5% no sería una herramienta excluyente, sino una condición mínima para ordenar la competencia y permitir la formación de mayorías con capacidad real de gobierno.
Una visión similar plantea la abogada Carolina Navarrete, asesora parlamentaria de la UDI, quien pone el acento en la baja densidad programática de muchas colectividades. La existencia de diputados electos con votaciones marginales, señala, es una señal de alarma sobre la representatividad efectiva del sistema.
Desde esa perspectiva, sancionar el abandono del partido no sería una medida punitiva, sino una forma básica de coherencia democrática frente al electorado.
El contexto electoral agrega una capa adicional de complejidad. Para el académico, Cristian Quiroz, la discusión sobre el sistema político no puede convertirse en un traje a la medida del Congreso actual.
Los procesos constituyentes fallidos dejaron pendientes temas clave sobre gobernabilidad y representación, y abordarlos en un año electoral quizás exigía una cautela mayor.
De lo contrario, advierte, el resultado podría ser una nueva pérdida de legitimidad institucional.
En ese escenario, la reforma política se instala como uno de los últimos espacios en que el gobierno de Gabriel Boric puede incidir estructuralmente.
Tras años de diagnósticos compartidos y voluntades declarativas, el desenlace de las próximas semanas será decisivo. No solo para ordenar el sistema de partidos, sino para determinar si la política chilena es capaz de corregirse a sí misma antes de que la fragmentación termine por volverse crónica.
