La Contraloría General de la República (CGR) ha recibido 172 denuncias por presuntos traspasos presuntamente irregulares de recursos de seremias o Gobiernos Regionales (GORE) a fundaciones.
Así lo informó este martes el contralor Jorge Bermúdez ante la Comisión de Vivienda del Senado, que abordó la fiscalización del organismo en materia de traspaso de recursos fiscales por convenios del Estado con fundaciones.
“En el fondo, aquí de lo que estamos hablando es de una grieta donde parece que se está colando ese virus de la corrupción. Hay una falla que alguien la vio. Antes eran las compras públicas, después la obra pública y resulta que ahora son las transferencias”, dijo el funcionario, en declaraciones reproducidas por radio Cooperativa.
Desde que estalló el caso Convenios, que inicialmente se circunscribió en Antofagasta y que involucraba a militantes de Revolución Democrática (RD) producto de los millonarios traspasos entre la Seremi de Vivienda y la ONG Democracia Viva, se fueron conociendo otros convenios con fundaciones de otras regiones del país que también han sido cuestionados.
Por una parte el Gobierno indaga todas las relaciones de fundaciones privadas con el Ejecutivo central desde los últimos cinco años, lo que incluye la anterior legislatura de Sebastián Piñera (2018-2022).
Por otra parte, la Fiscalía investiga traspasos de dinero en al menos nueve de las 16 regiones del país, incluidas las de Arica, O’Higgins, Maule, Biobío, La Araucanía y Los Lagos.
En tal sentido, ante los legisladores de la comisión, Bermúdez propuso ocho medidas para mejorar el sistema, agrupadas en tres grupos: corto plazo, mediano y largo plazo, entre las que destacan la necesidad de establecer la obligación de rendición de cuentas a través de la plataforma Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas (Sisrec) de la Contraloría.
