La Contraloría General de la República detectó serias falencias en los procedimientos de fiscalización de armas realizados por Carabineros, específicamente en la Autoridad Fiscalizadora N°28 del Departamento O.S.11. Según un reciente informe, esta unidad policial no cumplió con su obligación legal de denunciar al Ministerio Público en casos en que no se encontraron armas en domicilios registrados o cuando estas no fueron transferidas tras el fallecimiento de sus titulares.
El informe, que será base para un procedimiento disciplinario, revela que 37 armas asociadas a 26 personas condenadas por diversos delitos no fueron ni incautadas ni denunciadas, lo que constituye un grave incumplimiento de las normativas vigentes en materia de control de armas.
Además, se verificó que en 30 inspecciones realizadas a armas cuyos titulares habían fallecido, estas no se encontraban en los domicilios registrados, y no existía documentación que acreditara su transferencia conforme a la legislación. Pese a que el sistema informático de Carabineros indicaba que se habían realizado las denuncias respectivas, la Autoridad Fiscalizadora no pudo entregar respaldo documental alguno que confirmara dichas acciones.
Ante estos antecedentes, la Contraloría anunció iniciará un procedimiento disciplinario directo y remitió los antecedentes al Ministerio Público para que investigue posibles delitos asociados a la negligencia en el control de armamento.
