La Contraloría General de la República, a través de su sede regional, representó el decreto alcaldicio N° 13.793 de 2025 de la Municipalidad de Chillán, que resolvía aplicar una sanción de suspensión por tres meses con goce del 50% de remuneraciones al exadministrador municipal Richard Guzmán Fernández.
El organismo fiscalizador se abstuvo de tomar razón del acto, al considerar que no se encuentra debidamente fundado, ya que en el sumario instruido previamente se había propuesto la medida disciplinaria de destitución por graves infracciones al principio de probidad.
Según el expediente, a Guzmán Fernández se le formularon tres cargos por no abstenerse de intervenir en contrataciones y actos administrativos que beneficiaron a su socio comercial, a los familiares de éste y a una funcionaria con quien mantenía una relación sentimental y familiar. Las conductas, ocurridas entre 2021 y 2024, fueron calificadas como conflictos de interés reiterados en el tiempo.
La Contraloría sostuvo que, tratándose de infracciones graves a la probidad, la autoridad comunal no puede rebajar la sanción invocando atenuantes como irreprochable conducta anterior, renuncia voluntaria o falta de beneficio patrimonial directo. Asimismo, precisó que la discrecionalidad no permite apartarse del mérito del proceso ni sustituir la destitución cuando la ley la impone para este tipo de faltas.
En sus conclusiones, el ente contralor afirmó que los hechos acreditados revisten carácter grave y que los argumentos del municipio no logran desvirtuar dicha calificación, por lo que representó formalmente el decreto.
