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El diputado (RN) Frank Sauerbaum presentó una solicitud, con carácter de urgencia, a la Contraloría Regional de Ñuble, a fin de indagar respecto a un eventual conflicto de intereses en la contratación del ingeniero Carlos Araya, actual jefe de la Secretaría de Planificación (Secpla) de la Municipalidad de Chillán, tras solicitud del administrador municipal, Richard Guzmán.
Conforme a antecedentes presentados por el parlamentario, Araya y Guzmán habían formado una sociedad comercial privada, por lo que, legalmente, no procede que Guzmán, en su calidad de administrador, haya solicitado que se contratara a su socio para este cargo público.
A razón del inicio de esta investigación, desde la Contraloría Regional, junto con informar al municipio respecto al sumario, paralelamente, se decretó la suspensión provisoria de Guzmán, por un plazo que podría extenderse incluso por cerca de tres semanas.
Quien reemplazará a Guzmán en sus funciones municipales será la asesora jurídica, Roxana Lizama.
Una empresa sin actividades
Hecho público el caso del suspendido administrador, Richard Guzmán convocó a un punto de prensa para explicar que esa empresa que armó con Carlos Araya jamás tuvo funcionamiento, por lo que en la práctica nunca han sido socios.
“Esa empresa la armamos como SPA en 2017, cuando apareció esa posibilidad que se llamaba Tu Empresa en Un Día, que era un trámite que se realizaba por Internet en cinco minutos. Yo tenía 26 años, y Carlos me propone armar esta empresa de aire acondicionado. Pero luego él se va a trabajar a Renca y yo a otra parte, así que ni siquiera alcanzamos a hacer el giro de actividades. Esa empresa nunca tuvo movimiento”, explicó.
Tras realizar el trámite online de dar de baja la empresa, Guzmán comentó que “ahora espero llevarle todos los antecedentes al contralor para que esto se resuelva y se aclare lo antes posible”.
Para el diputado Sauerbaum, en cambio, que la empresa haya o no tenido actividad financiera no es razón para no solicitar la investigación.
“El problema es que la sociedad aún está vigente y él ha intervenido, abiertamente, en favor de su socio que hoy trabaja en el municipio”, explicó.
El parlamentario se respalda en el artículo 62 de la Ley 18.575 (de Administración del Estado) para acusar faltas a la probidad en este caso.
“Intervino directamente donde tenía un interés personal. Legalmente, ellos siguen siendo socios, porque la sociedad está vigente”, dijo.
Opiniones dispares en el concejo
Aunque no ha habido una notificación oficial respecto a la suspensión de Guzmán para el concejo municipal, los ediles, evidentemente, se enteraron de lo sucedido con el correr del tiempo. Como era de esperar, hubo posturas diferentes respecto al caso.
Para Joseph Careaga, “acá queda ratificado lo que al menos yo he criticado desde siempre durante esta administración. Independiente de que si la sociedad en cuestión haya o no funcionado, sí es claro que acá Guzmán pidió que se contratara a un amigo suyo. En esta municipalidad se contrata a amigos y familiares”.
Una mirada diversa, en cambio, es la que planteó su par, Patricio Huepe. “En primer lugar, quien contrata es el alcalde y no el administrador, por lo que no veo un mayor problema en la contratación de Carlos Araya. Y en segundo término, quizás el error de Richard Guzmán fue el no haber hecho el trámite de dar de baja esa sociedad, entonces tal vez haya ocurrido un error administrativo, no creo que esto dé para una sanción, me parecería desproporcionado”.
