La Contraloría General de la República emitió un informe en el que revela una serie de irregularidades en el funcionamiento del Sistema de Información de Fonasa (SIF), lo que ha motivado la instrucción de un sumario para investigar las responsabilidades correspondientes. Entre los principales hallazgos, se destaca la omisión del cobro total de una multa aplicada al proveedor del software que respalda el sistema, además de otras fallas de relevancia en la administración de la plataforma.
El informe revela que Fonasa no concretó el cobro total de una penalización impuesta a la empresa desarrolladora del software, luego de que se presentara un problema significativo en el sistema. A esta situación se suman otras observaciones graves, como la emisión de licencias médicas por parte de médicos que se encontraban suspendidos y, por tanto, no contaban con la facultad legal para autorizar este tipo de documentos. La fiscalización arrojó que el sistema no contenía los controles adecuados para bloquear la actividad de los profesionales inhabilitados, lo cual permite que se generen licencias que podrían carecer de validez.
También se detectó una falta en las sesiones del Comité de Seguridad; el desarrollo de situaciones de riesgo que no fueron controlador por el servicio, como la no realización de auditorias con enfoque tecnológico, la falta de control en las acciones de los usuarios del SIF y en el registro de trazabilidad del SIF.
Además de una ausente fiscalización sobre los grandes emisores de licencias médicas. De hecho, la Contraloría advirtió de la emisión de licencias médicas por parte de profesionales sancionados y que el SIF no valida que el emisor se encuentre en el Registro Nacional de Prestadores de Salud, es decir, “no cuentan con controles adecuados para verificar si la persona que emite es un profesional acreditado”, lo que no se adscribe a lo señalado en la ley.
En torno a lo anterior, la evaluación que se realizó entre la base de datos de licencias médicas del SIF y la de los médicos grandes emisores auditados, arrojó que 35 médicos sancionados, con la imposibilidad de emitir licencias médicas, generaron 2.403 de estas durante el periodo que se encontraban sancionados. Pese a lo anterior, el informe de Contraloría evidencia que los operadores de licencias médicas no realizaron el bloqueo sistémico al momento que se les indicó, como lo establece la ley, permitiendo que los profesionales inhabilitados pudieran continuar con esta acción de manera electrónica.
En esta línea, Fonasa indicó que desarrolló convenios con dos operadores de licencia médica electrónica, los que no establecen la obligación de realizar la inhabilitación sistemática de los prestadores. Por lo anterior, Fonasa deberá constituir una mesa de trabajo, que incluya a la Compin y la Suseso y que defina y ejecute labores de monitoreo periódicas, el levantamiento de alertas y bloques sistemáticos a los operadores, en un plazo de 60 días.
