La Contraloría inició un juicio de cuentas al gobernador Óscar Crisóstomo (PS) y otros cinco funcionarios del gobierno del Ñuble, luego de que el contralor regional sostuviera que la autoridad incurrió en una presunta “omisión negligente”, al no supervigilar las rendiciones de un proyecto de $268.100.000 de ProCultura, en el marco del Convenio entre el Gobierno Regional de Ñuble y la Fundación Procultura”.
Paralelamente, Crisóstomo enfrenta una la investigación penal que dirige actualmente el fiscal Regional de Coquimbo Patricio Cooper. En octubre fue citado a declarar como imputado, e hizo uso de su derecho a guardar silencio.
En el caso del juicio de cuentas, podría derivar eventualmente en la obligación de restituir los fondos por parte de los mencionados.
“En este proceso, que actualmente se encuentra en la etapa de descargos, se entregarán los argumentos y antecedentes que permitan precisar la información, respecto a la correcta realización del Encuentro Binacional, razón que originó este convenio, que finalizó hace más de un año y que, como es de público conocimiento, se desarrolló logrando todos los objetivos propuestos”, dijo el gobernador al medio Ex Ante.
La consejera regional Lorena Jardua (UDI), quien presentó la querella en julio de 2024 contra la autoridad, espera que asuman las responsabilidades administrativas y penales, en caso de que se confirmen.
“El caso ProCultura erosionó gravemente la probidad y la fe pública en la Región de Ñuble, donde hechos de esta naturaleza no eran normales. Acá hubo allanamientos al Gobierno Regional, pago de sobreprecio por un servicio asignado a un intermediario, manejos políticos de dudosa transparencia y un juicio que todavía está plenamente abierto”, dijo.
La consejera comentó que “no se trata solo de un gasto excesivo de 268 millones, que para una región con grandes precariedades es bastante, sino que se están investigando eventuales delitos de fraude al Fisco y tráfico de influencias. Por esta razón, esperamos conocer pronto el desenlace del proceso judicial y de la vía administrativa que está liderando Contraloría”.
La representante de oposición hizo un llamado a un cambio en el estilo de conducción del Gobierno Regional.
“Nos hemos enterado que el alcalde de Chillán reclama, con justa razón, que desde el Gobierno Regional no tienen disposición al trabajo colaborativo. Hay mucho clientelismo y poca apertura a considerar otras visiones. Las autoridades no fuimos elegidas para buscar nuestro beneficio personal o lo que nos renta más electoralmente, ya que la esencia de nuestra función es buscar siempre lo mejor para la región. Esa actitud debe cambiar de aquí en adelante”, finalizó.
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