“Pueden haber cosas que se pueden mejorar, pero la principal de ellas, la que se refiere al pago por adelantado de $300 millones para construir cuatro canchas de pasto sintético para poblaciones de la ciudad, no fue objetado”, se defendió el alcalde de Chillán, Sergio Zarzar, tras comentar el informe especial emanado desde Contraloría Regional, que analizó el cuestionado contrato.
Este organismo entregó el pasado 2 de noviembre un análisis de los dos contratos firmados por la municipalidad con entidades externas, para la construcción y arrendamiento de canchas de pasto en siete sectores de Chillán desde el año 2017 a la fecha. Y pese a que no cuestionó el pago por adelantado, sí advirtió que el municipio no ha cobrado $83 millones en multas por incumplimientos del contrato.
Zarzar mencionó que en la actualidad se encuentra analizando el documento emanado desde el órgano contralor, con la finalidad de entregar una información técnica y apegada a derecho.
Además, comentó que el mencionado informe, tal como lo mandata la Contraloría debe ser puesto a consideración de los concejales durante la próxima sesión de concejo, lo que ocurrirá el lunes 9 de noviembre.
No obstante, ayer la mayoría de los ediles había recibido la documentación, por lo que estaban enterados de las conclusiones emanadas desde ese organismo regional respecto de las investigaciones efectuadas dentro del municipio.
El concejal de RN, Jorge Vaccaro, uno de los que había impugnado el último contrato para construir cuatro canchas deportivas que están en ejecución, indicó que “esperamos que este lunes el alcalde de cuenta al concejo”.
El edil planteó que “el informe nos da la razón y cumplimos con el mandato para el cual estamos elegidos como concejales”.
Por su parte, el concejal de la UDI, Joseph Careaga, expuso que “si no nos dan una buena explicación respecto de los cuestionamientos de Contraloría, va a arder Troya”.
Esto debido a que en el documento de Contraloría se exponen algunos hechos que la municipalidad debiera responder y que se relacionan con la falta de fiscalización respecto de los contratos y la ausencia de sanciones pecuniarias en el primer contrato para canchas deportivas.
Según la entidad contralora, a través de la inspección efectuada “se constató la falta de cobro de multas en el contrato ‘Arrendamiento de carpeta de pasto sintético y mobiliario deportivo para tres recintos deportivos de la comuna de Chillan’, por cuanto no existe registro ni respaldo de la ejecución de algunas mantenciones, por lo que el municipio deberá remitir los documentos de respaldo que permitan verificar la ejecución de las partidas observadas en el anexo N° 6 por un monto aproximado de $83.451.520 o en su defecto, la aplicación de las multas establecidas en las bases administrativas especiales”.
De acuerdo a Contraloría, en el caso del contrato actualmente en ejecución y que debe terminar este 16 de noviembre con la entrega de carpetas de pasto en cuatro recintos deportivos, se constataron algunas deficiencias, en especial en lo que se refiere a instalación de faenas, las cuales no se habrían realizado y al contrario la empresa habría ocupado dependencias municipales, lo que aparentemente le habría significado ahorros en sus proyectos o utilidades por más de $74.000.000.
En el texto, se puede apreciar que “se observó que la empresa contratista no ha ejecutado las instalaciones provisorias establecidas en las especificaciones técnicas, utilizando dependencias de los recintos deportivos, verificando que en algunos no se han dispuesto dependencias para el personal, sin que conste una disminución en las obras del contrato ‘Arrendamiento de carpeta de pasto sintético para cuatro recintos deportivos de la comuna de Chillan’”.
Frente a este incumplimiento, se indica, “la municipalidad deberá remitir los antecedentes que den cuenta de la solicitud de modificación de la instalación de faenas, del arriendo y pago de las dependencias utilizadas de los centros deportivos desde el inicio de las obras, de la existencia de la totalidad de las instalaciones exigidas en cada una de las canchas que deben incluir una bodega y los espacios requeridos para los materiales, libro de obra, planos del proyecto y operarios; o en caso contrario, la disminución de la referida partida ascendente a $74.256.000, a través de la correspondiente modificación de contrato”.
En este caso, se plantea, “los antecedentes de respaldo de los puntos anteriores deberán ser remitidos en un plazo de 30 días hábiles contados desde la notificación del presente informe final. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 95 y 101 de la ley N°10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República y lo dispuesto en el artículo 116 del citado cuerpo legal”.
Es por ello que en relación a estos valores, la municipalidad “deberá realizar los descuentos de las partidas no ejecutadas, informadas dentro de los antecedentes de respaldo”.
En la investigación especial “se constató la falta de supervisión de ambos contratos a lo largo de la investigación, por lo que el municipio deberá remitir los antecedentes que acrediten la confección, formalización e implementación del manual de procedimientos para controlar y/o inspeccionar la mantención de las canchas de pasto sintético y de la conformación de la Dirección de Deportes, adjuntando los documentos respecto al nombramiento del director encargado, personal que la conforma, responsable de la administración de los recintos deportivos examinados y atribuciones, además de arbitrar las medidas necesarias para que el inspector técnico verifique de forma efectiva el cumplimiento de las exigencias establecidas en el marco regulatorio del contrato por la empresa contratista, remitiendo los antecedentes de respaldo en un plazo de 60 días hábiles contados desde la notificación del presente informe final”.
Además, en relación a los puntos precedentemente expuestos, la máxima autoridad comunal, “tendrá que instruir un procedimiento disciplinario, a fin de determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los hechos objetados, debiendo remitir el acto administrativo que así lo ordene a la Unidad de Seguimiento de la Fiscalía de este Órgano de Control, en el plazo de 15 días hábiles, contado desde la notificación del presente informe final, y en su oportunidad, aquel que le ponga término”.
Pago anticipado
La entidad Contralora descartó que hubiera problemas en la entrega por anticipado de $300 millones desde el municipio chillanejo, tal como exponían concejales.
Respecto del tema, plantea el organismo, “la cláusula cuarta del citado contrato establece que el municipio se obliga a pagar la totalidad del monto adjudicado, en 37 estados de pago, siendo el primero de ellos por un monto fijo de $300.000.000, el cual se efectuará contra la recepción conforme por parte de la inspección técnica, de la implementación de las instalaciones deportivas de los cuatro recintos. El saldo se pagará en 36 cuotas mensuales iguales y sucesivas en la etapa de arriendo y mantención, todo en conformidad con el numeral 20, de las bases administrativas especiales”.
Sin perjuicio de lo anterior, detallaron, “las citadas bases administrativas detallan en su numeral 13.4, que el oferente podrá optar a un anticipo por la implementación de la instalación deportiva”.
“Por tanto, si bien dentro de lo señalado en la cláusula cuarta del citado acuerdo de voluntades, no se encuentra especificado el pago del anticipo, este sí se encuentra señalado en las bases administrativas especiales, las cuales forman parte de la licitación y, por tanto, del contrato, tal como lo indica su numeral primero, por lo que no resulta objetable”, expone Contraloría.
Careaga, sobre inexistencia de multas y carencia de inicio de obras, que habría favorecido a la empresa y darle algún tipo de ventaja, agregó: “esperemos que este lunes el alcalde y funcionarios lleguen con buenos argumentos pues de lo contrario como concejales vamos a ejercer nuestras acciones fiscalizadoras y desde ya pedimos sumarios internos contra quienes no hicieron la pega, pues acá se le está regalando plata a una empresa”.
