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Los trenes que están prestando servicio entre Chillán y Alameda no solo están siendo flanco de críticas por el servicio, que ha estado interrumpido por atrasos en los itinerarios y suspensión de los mismos, sino que también por un informe de Contraloría que detectó diferencias entre lo especificado en el contrato y las características de los trenes fabricados, falta de control sobre el cumplimiento de las exigencias técnicas y ausencia de algunas pruebas en terreno.
Estos fueron algunos de los principales aspectos que detectó la Contraloría General de la República al analizar la compra que realizó la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) de trenes para los servicios Alameda- Rancagua y Alameda-Chillán.
Esto, luego de que la Contraloría revisara las características de seis máquinas recepcionadas y otras seis en proceso de fabricación, adquiridas por la empresa en 2018 y 2020, los que habían significado pagos por $18.344.478.288.
Respecto de los ferrocarriles destinados para el servicio Alameda-Chillán, se observó un deficiente control sobre el cumplimiento de las exigencias técnicas en la etapa de diseño y fabricación de dichos trenes.
Sobre las unidades del servicio Alameda-Rancagua, se evidenciaron disparidades entre las especificaciones solicitadas y las características de las máquinas que se entregaron, específicamente, en cuanto a la capacidad de pasajeros.
Además, informó Radio UChile, se constató que una de las pruebas que debía ser ejecutada en estas, correspondiente al grupo de pruebas estáticas, no fue ejecutada, contraviniendo lo dispuesto en el contrato.
Así, la Contraloría solicitó a EFE que exista una debida trazabilidad acerca del desarrollo de sus contrataciones, asociadas al cumplimiento de exigencias, ensayos, certificación, entre otros.
También, estableció que la empresa no consideró requerir al contratista la ejecución de pruebas denominadas “Garantías de conjuntos”, para los trenes del servicio Alameda – Rancagua, lo que en cambio sí solicitó para otras máquinas adquiridas para el servicio Biotren y Corto Laja, en la contratación de 2018.
No obstante, respecto de estas últimas unidades, la empresa aceptó la ejecución de menos pruebas que las definidas en los antecedentes que regulan la contratación.
De esta forma, el órgano contralor le dio un plazo de 60 días hábiles a EFE, desde la notificación del informe, para enviar los antecedentes que sustenten los descargos.
