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La Contraloría descartó cualquier ilegalidad en el convenio de colaboración en materia de seguridad que suscribieron el 18 de enero pasado el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y las autoridades de Venezuela.
De acuerdo con la determinación del organismo fiscalizador, el Ministerio del Interior “sí está facultado, en su calidad de órgano de la Administración del Estado, para celebrar convenios interinstitucionales de carácter internacional con entidades extranjeras, que incidan en asuntos propios de su ámbito de competencia”.
En ese sentido, el pronunciamiento enfatizó que “ajustándose al artículo 35 de la ley N° 21.080, y teniendo en cuenta el recrudecimiento de la delincuencia organizada transnacional, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública (MISP) de Chile suscribió dicho acuerdo para promover, coordinar y fomentar medidas de prevención y control de la delincuencia”.
En el convenio, Chile y Venezuela se comprometieron a intercambiar “información biométrica y decidactilar, con finalidades investigativas” para “lograr una indentificación eficiente y expedita de personas de nacionalidad venezolana en Chile, y chilena en Venezuela, que sean presunta o conocidamente vinculadas con hechos delictivos”, así como la “actualización de los listados de prófugos de la justicia compartidos entre las partes, con la consiguiente implementación de alertas fronterizas activas”.
Parlamentarios
En el oficio, la Contraloría le contestó a diputados de la derecha Gloria Naveillán, Cristian Labbé y Cristhian Moreira, quienes recurrieron al organismo para que se pronunciara sobre si existía ilegalidad en el documento -en el marco de las críticas surgidas tras el secuestro y asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, perpetrado a finales de febrero en Santiago- a propósito de su potencial funcionalidad a la persecución de opositores políticos.
