Algo no está funcionando bien en nuestro país. Desde distintas realidades de nuestro sistema económico y social, como la disposición del sistema financiero a prestar plata a quién no la necesita o la porfiada desigualdad que hace que el 10% más rico gane 26 veces más que el 10% más pobre, por ejemplo, podemos observar cómo en Chile se han profundizado las contradicciones que sustentan el contrato social.
Para muestra, otros botones. En materia de salud, Chile cuenta con un sistema de salud privado que gana miles de millones al año y se esmera en generar una completa red asistencial y de hospitalización a pacientes sanos. En contrapartida, el sistema de salud pública vive desfinanciado, y los enfermos de gravedad deben agudizar su ingenio para mantenerse con vida mientras esperan pacientemente su turno de atención.
En materia de transporte el Estado subsidia el transporte público, pero la población rehúye su uso y por el contrario sigue abultando el parque automotriz, el cual ha mostrado un crecimiento de un 60% durante los últimos diez años.
En materia financiera, las familias de mayores ingresos, las cuales requieren con menor urgencia acceder al mercado financiero, acceden a tasa preferenciales de créditos con costos que no superan el 20% de carga anual equivalente. En contrapartida, las familias de menores ingresos, las cuales requieren con mayor urgencia liquidez para financiar bienes y servicios de primera necesidad, obtienen préstamos con tasas que superan el 100% anual de carga anual equivalente.
Sume que en cuanto al riesgo de incumplimiento, mientras las familias de mayores ingresos extinguen las deudas de bancarrota en la liquidación de activos de sociedades conformadas mediante personalidad jurídica, las familias de bajos ingresos mantienen a perpetuidad los compromisos financieros de la bancarrota.
En materia tributaria, la clase media profesional asalariada aporta generosos recursos al erario nacional a través del pago de impuestos. Este grupo de contribuyente, sin alternativas para deducir parte de la carga tributaria, enfrenta un escenario con cero retornos y participación de la red de beneficios que entrega el Estado.
En capital humano la situación es igual de inequitativa. El país asigna importantes recursos a la educación superior, que forma un número creciente de profesionales universitarios, pero que se desbalancea en el nivel técnico con alta especialización. En cuanto a su aporte a las regiones ocurre lo mismo, pues la fuga es creciente hacia los centros más poblados, afectando las posibilidades de desarrollo de ciudades más pequeñas.
En definitiva nos hemos acostumbrado a vivir en un país de contradicciones, donde en muchas ocasiones es evidente la desconexión entre los servicios que el Estado provee a la población, con las reales necesidades que reclama y merece la comunidad, más todavía en regiones donde el centralismo que caracteriza la toma de decisiones del aparato público sigue profundizando dicha brecha.