Noventa y dos artículos y una disposición transitoria contiene el borrador preliminar del reglamento que regirá el funcionamiento y la organización de la Convención Constitucional, el cual fue elaborado con las propuestas de las distintas comisiones que se conformaron en esta etapa, y que ahora deberá ser votado por el pleno de la Convención.
La propuesta abarca desde cuántos minutos tendrá cada convencional para intervenir en las sesiones, las reglas de su trabajo e inhabilidades, hasta la forma en que se votará el texto de la nueva Constitución.
Los cinco constituyentes por Ñuble se refirieron a los principales aspectos de esta propuesta, la cual es vital para el inicio del trabajo de fondo de la Constituyente.
Número de comisiones
Para el UDI Martín Arrau, Si bien lo relevante son los temas a discutir, como las libertades, derechos, estructura y servicio del Estado, economía, empleo, etc., el número de comisiones tiene que obedecer a algo más bien operativo, “y el número en torno a siete es adecuado”, dijo. “Un número menor si bien ayuda en la coordinación, vuelve lento el debate; y un número mayor da más velocidad, pero provoca riesgos de descoordinación y dispersión de la discusión. Es muy importante poner énfasis en la definición clara de los temas a abordar por cada comisión y limitar la creación de subcomisiones, para evitar duplicidades o problemas de competencias entre diferentes comisiones o subcomisiones”, planteó.
Su compañera de partido, Margarita Letelier, también cree que siete es un número correcto.
“Lo más importante es lograr que estas comisiones puedan abarcar todo, pero a la vez acotar los temas y discusiones. Nos hemos dado cuenta que podríamos abarcar todos los temas del mundo, pero sería ineficiente. Encuentro que siete es un número correcto, alguna vez se pensó hasta 13, pero no hubiese sido tan eficiente”, dijo.
El PPD Felipe Harboe es de la misma idea.
“Más allá del número de comisiones, lo importante es que éstas se puedan hacer cargo de la inmensidad de temas. No es relevante si son siete u ocho, sino que todos estén representados”, afirmó.
La independiente Carolina Sepúlveda, en tanto, recordó que actualmente se encuentran en funcionamiento ocho comisiones provisorias, “las cuales, a su vez, se han dividido en subcomisiones, a fin de abordar temáticas específicas. En este sentido, la comisión de Reglamento ha propuesto el mismo funcionamiento para las que serán las comisiones permanentes, por lo que me parece que siete comisiones con estas características es suficiente, y nos permitirá un trabajo adecuado y organizado en torno a las diferentes materias que debemos tratar como convencionales”, manifestó.
El representante de la Lista del Pueblo, César Uribe, por su parte, sostiene que está bien tener comisiones generales, y que siete es un buen número.
“Incluso, podrían ser menos, pero estas comisiones amplias deben subdividirse en otras, lo importante es que trabajen de manera articulada y complementaria. En ese sentido, la propuesta de la comisión de Reglamento está bien, seguramente lo perfeccionaremos en las indicaciones en el pleno, pero en general me parece bien”, sostuvo.
Quórum de 2/3
Cesar Uribe no es partidario de avalar el quórum de 2/3 ratificado en la comisión de Reglamento, en el pleno.
“El quórum de 2/3 es muy alto, supramayoritario, ha existido desde la Constitución de 1980, y efectivamente ha sido la razón por la cual no se han hecho las transformaciones que la sociedad ha necesitado. De ahí que ahora la convención lo valide, me parece un error que no entiendo, no me parece que colectivos como el Frente Amplio o el PS, que supuestamente tienen una mirada más cercana a las comunidades, lo avalen. No me parece que el argumento sea porque la derecha no tiene hoy el tercio, me pregunto, ¿Qué hubiese sucedido si no hubiera sido así? ¿Habrían cambiado su discurso? Hay que bajar el quórum a 3/5 o 4/7, pero no dejarlo en 2/3, porque no permitirá llegar a acuerdos”, dijo.
Carolina Sepúlveda sostuvo que está de acuerdo con la votación de mayoría simple en comisiones y de dos tercios en el pleno, “lo dije también durante la campaña. Ello, porque la norma que regula la Convención nos obliga a votar con un quórum de dos tercios aquellas materias que serán parte de la nueva Constitución y que sean aprobadas en pleno. Necesitamos celeridad, y no necesariamente la comisión va a ser un reflejo de lo que suceda en el pleno, por lo tanto, la votación por mayoría simple va a hacer que sea más rápido llegar a acuerdos dentro de las comisiones, y luego se verá en el pleno los acuerdos que logremos adoptar finalmente. En este sentido, considero que esto nos permitirá trabajar de forma efectiva, oportuna y ágil durante el proceso de toma de decisiones, teniendo en consideración que contamos con un plazo máximo de un año, y ya nos van quedando diez meses”, advirtió.
Martín Arrau, en tanto, cree que “alterar las reglas después de iniciado el proceso, solo por la conveniencia de ciertos grupos, no solo es ilegítimo, sino que es absolutamente contradictorio con uno de los objetos propios de una Constitución, que es dar certezas y respetar las normas iniciales que le dan legitimidad. Por tanto, plantear el que las reglas cambien según a quien le convienen, genera un daño enorme a la credibilidad de este proceso”, aseveró.
Lo mismo opina Margarita Letelier.
“Yo me presenté con las reglas bien claras, sabiendo de antemano que los acuerdos deberían ser por 2/3. No me parecen estos posibles cambios de última hora. Sólo demuestran desorganización, aprovechamiento y buscar imponerse sobre el otro. Debemos buscar grandes acuerdos, y eso sólo se logrará con los 2/3”, dijo.
Felipe Harboe, por su parte, está de acuerdo con que las votaciones en las comisiones sean por mayoría simple.
“Está bien, solo precisar que se va a dilatar una determinada decisión definitiva porque estará la esperanza de haber aprobado algo en la comisión por mayoría relativa, pero después, al llegar al pleno y requerir los 2/3, se va a revertir. En general, no estoy de acuerdo con bajar los quórum, creo que hay una norma constitucional que da origen a este proceso y nos permitió ser elegidos y fijar nuestras remuneraciones, por lo tanto, no me parece que uno esté disponible para interpretar positivamente la norma que nos genera las remuneraciones, y negativamente la que nos establece los límites. La norma establece un quórum de 2/3, que es el que da garantías de estabilidad en las votaciones”, precisó.
Plebiscitos
Felipe Harboe no es partidario de introducir el plebiscito como una forma de resolver materias propias de la convención.
“Las ciudadanas y ciudadanos votaron por representantes, es el principio de la democracia representativa, e intentar crear plebiscitos intermedios, para cuando no haya mayoría de 2/3 es un intento por vulnerar la norma de los 2/3. Ahora bien, gran parte del éxito del proceso depende de que como colectivo instauremos mecanismos eficientes de participación virtuales o presenciales. Sí soy partidario de establecer en la Constitución los plebiscitos vinculantes en determinados casos, por ejemplo, si hay diferencias entre congreso y gobierno, o en materias de planos reguladores”, dijo.
Carolina Sepúlveda, quien integra la comisión de Participación, cree fundamental introducir esta herramienta durante el proceso constituyente.
“Si no propiciamos la participación ciudadana en el proceso constituyente, éste pierde legitimidad. Debemos recordar que es la ciudadanía la que va a dar el visto bueno a la nueva Constitución en el plebiscito de salida, por lo que es nuestro deber hacerles partícipes del proceso. En este momento nuestra misión como comisión de Participación Popular y Equidad Territorial es decidir cuáles son las mejores formas de asegurar la participación, y esperamos que una vez que nuestras propuestas lleguen al pleno, éstas sean aprobadas. Así el proceso constituyente será de carácter vinculante e incidente”, afirmó.
César Uribe, en tanto, quien integra la comisión de Descentralización, cree que hay que abrir la convención y hacerla lo más participativa posible, también desde un punto de vista vinculante.
“Las iniciativas populares de normas constitucionales y los plebiscitos vinculantes, para mí, son esenciales y deben estar. Hasta ahora, la visión de las comunidades no ha sido considerada, por eso estamos tratando de incluir el tema con mucha fuerza y ojalá los colectivos de centro izquierda se pongan de acuerdo al respecto”, aseveró.
Margarita Letelier cree que no se deben incluir los plebiscitos.
“Nosotros somos los representantes de esa iniciativa popular. Por eso la gente nos votó y confió en nosotros para representarlos en esta discusión. Los plebiscitos serían aumentar más los tiempos, más las trabas y la incertidumbre. Hay algunos que quieren proponer esto, pero no estoy de acuerdo. Con las reglas claras, se juega limpio”, manifestó.
Martín Arrau tampoco comparte la iniciativa.
“Es alterar las reglas de un proceso que ya está en marcha, retrasar los plazos, gastar más dinero de todos los chilenos y otra serie de inconvenientes logísticos. Además, y mucho más de fondo, esta propuesta supone un pésimo camino para definir políticas públicas. Imagínese si pusiéramos en votación si el Estado debe subir o bajar ciertos impuestos, la respuesta es evidente y queda al arbitrio de populismos que comienzan al momento de redactar la pregunta. Pero la verdad es que hay temas específicos que requieren de ciertos espacios de análisis o deliberación, porque tienen consecuencias permanentes, y para ellos la herramienta del plebiscito no parece ser la adecuada. Nos eligieron a nosotros para recopilar la información ciudadana de nuestros distritos y electores, para representarla en la Convención, para llegar a acuerdos y luego redactar una propuesta. Hagamos la pega”, planteó.
Ética
A juicio de Felipe Harboe, la comisión de Ética es la que ha tenido un trabajo más ideologizado, menos colaborativo y lleno de prejuicios.
“Creo que el negacionismo se ha utilizado como una forma de sancionar a aquellos que niegan verdades indubitadas, como los crímenes de guerra nazi. Pretender instalar en Chile la lógica del negacionismo respecto del estallido social, que fue hace dos años, es un completo despropósito. Me preocupa que la comisión base o intente establecer ciertas verdades bajo condición de sanción a quien por acción u omisión no las comparte. Me parece totalitario, hay un intento de limitar la libertad de expresión y es inconstitucional impedir la participación de convencionales en el debate, y si así se establece, recurriremos a la Corte Suprema”, manifestó.
César Uribe cree que la libertad de expresión tiene un límite, “cuando por ejemplo, se esconden procesos hoy ya públicos y resueltos donde sí hubo vulneraciones a los DD.HH., como en la dictadura y durante el estallido social. Quienes traten de esconder eso o igualarlo a Venezuela o Cuba, o a actos vandálicos que no tiene nada que ver con el actuar del Estado, es negacionismo, es esconder un problema real que existió en Chile y que hay que tenerlo súper presente para que no se repita”, planteó.
Carolina Sepúlveda, en tanto, cree que el límite entre el negacionismo y la libertad de expresión está en si un
constituyente ataca personalmente a otro, ya sea en forma verbal, dentro de una sesión, o a través de las redes sociales.
“Hemos visto ya muchos ataques por twitter o directamente en el pleno, y creo que este tipo de actitudes merecen recibir una sanción de ética. Como constituyentes debemos tener un comportamiento que demuestre que somos personas dialogantes, capaces de debatir sobre la base de argumentos y no atacando a un nivel personal”, afirmó.
Margarita Letelier, por su parte, dice jugársela siempre por la libertad, “pero esa libertad de verdad, que llega hasta la libertad del otro. Cada uno podrá tener su opinión de procesos históricos o políticos, pero nunca podré negarle al otro su derecho a opinar o decirme algo, siempre con respeto y dentro del diálogo. Y espero lo mismo de vuelta. Mi participación en la comisión de Derechos Humanos la hice bajo esa premisa, escuchando y haciéndome escuchar”, dijo.
Martín Arrau, en tanto, cree que lo que se ha visto “más bien obedece al intento de implementar normas fuera de la legalidad, vulnerando los derechos de los constituyentes que cuentan con inviolabilidad por las opiniones que manifiesten y los votos que emitan en el ejercicio de su cargo. Ya son varios los intentos por establecer mecanismos de censura cuando alguien emite una opinión que no es del agrado de la mayoría o no entra al ‘buenismo’ de moda, que busca una fácil aceptación, sin hacerse cargo de la manifiesta agenda ideológica que se intenta esconder, generando una mutilación al debate y a la capacidad de poner argumentos a la discusión”, sostuvo.
