Una de las enseñanzas básicas de la ciencia política es que la realidad política es siempre multifacética, y que en la dinámica de su actividad puede distinguirse entre dos caras, una táctica y otra arquitectónica. La primera comprende lo vinculado con la lucha por alcanzar y conservar el poder; del otro lado, la cara arquitectónica se refiere a la tarea que se lleva a cabo desde el poder para diseñar y ejecutar políticas que beneficien a las personas, impulsando el desarrollo y una mejor calidad de vida.
Actualmente, existe en la ciudadanía una generalizada percepción de que en Chile ha prevalecido la primera y hay más lucha por la conquista de parcelas de poder de determinados actores políticos, que la discusión de proyectos y propuestas que tengan como meta un mejor futuro para el país y su gente. De hecho, la señal de malestar que entregó la gente a la clase política fue clara y categórica. Los chilenos quieren una nueva Constitución elaborada por personas elegidas de manera democrática, independientes y que representen el espíritu y demandas por mayores niveles de democratización institucional y espacios de deliberación que en la sociedad chilena brillan por su ausencia.
Cuando todo se reduce a la táctica política, se desnaturaliza el servicio al bien común que define a esta noble actividad. Por el contrario, el país reclama, en este particular momento de su historia, que predomine la dimensión arquitectónica y las definiciones cuenten con el mayor grado posible de consenso y participación ciudadana.
Lamentablemente, no tenemos vocación, experiencia y menos instrumentos que incentiven una real participación. Desde el retorno de la democracia y hasta ahora, los pocos espacios de participación suelen transformarse en instrumentos de relaciones clientelares y, en algunos contextos, en mecanismos participativos cooptados por actores no representativos, especialmente cuando la sociedad civil no logra empoderarse de los procesos.
Este enfoque de participación, adoptado en la mayoría de los países que admiramos, no pretende reemplazar al representante, sino más bien complementar su acción y mejorar la calidad de las decisiones que se toman sobre los asuntos públicos. Ni reemplazo de los representantes ni subordinación o cooptación de la participación ciudadana, el camino es el complemento, pero para ello se requiere de políticos dispuestos a distribuir el poder y de ciudadanos dispuestos a ocupar esos espacios, exigirlos y hacerlos prevalecer.
La elección de los convencionales constituyentes debe tener como primerísimo criterio la dimensión arquitectónica, candidatos y candidatas que sean capaces de renunciar al sectarismo y a la descalificación ramplona que estamos acostumbrados a presenciar entre adversarios políticos, y que es todo lo contrario a lo que Chile hoy necesita: reflexión, crítica y tolerancia para repensar las normas, las instituciones y su buen funcionamiento.
