El Encuentro Regional que Fedefruta realiza cada año no solo le permite a ese gremio compartir con sus asociados las perspectivas de mercado para la temporada que comienza, sino también exponer las supuestas amenazas que podrían afectarles en distintos ámbitos, incluido el político. Precisamente en torno a este segundo objetivo, la cita del pasado martes en Chillán sirvió para enviar un mensaje de rechazo a la propuesta de planes pilotos para la creación de consejos de cuenca que impulsa el Gobierno.
La iniciativa, que teóricamente busca mejorar la gobernanza del agua, con especial atención en el involucramiento de los actores y habitantes de una cuenca en la deliberación y planificación para un uso sostenible, es resistida también por las organizaciones de usuarios de agua y asociaciones de agricultores de diferentes regiones del país. En general, la oposición proviene mayoritariamente de grupos de interés que utilizan el recurso con fines productivos.
Las razones para oponerse a la propuesta gubernamental son variadas y atendibles. En primer lugar, porque hasta ahora se trata de un anuncio sin mayores detalles, sin un proyecto de ley que lo respalde, y eso es muy importante no solo desde lo formal, sino sobre todo desde lo práctico, ya que al no ser parte de la actual estructura normativa, es altamente probable que su operación entre en colisión con el funcionamiento de otras instituciones vigentes y terminaría solo agregando más burocracia y confusión a un sistema que ya está muy atomizado.
Además, le achacan a esta iniciativa dejar casi fuera del juego a las juntas de vigilancia de los ríos y desconocer la institucionalidad vigente, ya que en el nuevo Código de Aguas se fortalecen las organizaciones de usuarios de aguas y el órgano rector de la gobernanza hídrica en Chile es la Dirección General de Aguas (DGA), dependiente del Ministerio de Obras Públicas (MOP).
Visto desde sus intereses particulares, el reclamo de organizaciones de regantes y de gremios agrícolas empresariales era esperable, más si la propuesta del gobierno es imperfecta y no ha sido bien comunicada; sin embargo, este rechazo se aleja del camino de transición en la gestión del agua que nuestro país recorre desde hace una década y que es coherente con diversos informes nacionales e internacionales que dan cuenta de la necesidad de abordar la crisis del agua mediante la gestión de cuencas, instalando consejos u otras formas de organización como piedra angular de la gobernanza.
Chile es el único país OCDE que no cuenta con organismos de cuenca para la gestión de recursos hídricos, a pesar de estar en el top 20 del ranking de países con mayor estrés hídrico a nivel mundial, y primero en Latinoamérica. De hecho nos ubicamos en el puesto número 18 de entre 164 países, en la categoría de riesgo muy alto y muy cerca de pasar a riesgo extremo.
La deficiente gestión es la raíz de los problemas que enfrenta el país en materia hídrica, de modo que no se trata de desconocer el aporte y conocimiento de las organizaciones de usuarios, sino más bien reconocer que se requiere ir más allá del aprovechamiento del agua e incorporar a otros actores, miradas y actividades que se realizan en el territorio y son claves para el necesario balance entre los componentes ambiental, social y productivo en el uso del agua.
