En su reciente visita a Ñuble para la creación de la Mesa Pro Desarrollo Rural, la nueva ministra de Agricultura, Ignacia Fernández Gatica, comprometió la reactivación del proyecto de ley conocido como “protección del territorio y la vida rural”, presentado en 2024 por el Ejecutivo. La propuesta busca llenar el vacío normativo que, desde 1979, ha permitido que el Decreto Ley 3.516 sea usado como subterfugio legal para levantar viviendas en predios rústicos.
Entre 2020 y 2024 se han certificado en Ñuble más de 130 mil hectáreas en parcelaciones, superficie equivalente a buena parte de los suelos agrícolas de alto valor. A nivel nacional, el Ministerio de Vivienda y el Minagri estiman que el área ocupada por estas subdivisiones corresponde ya a todas las zonas urbanas consolidadas del país.
El proyecto en discusión plantea la creación de los “Conjuntos Residenciales Rurales”, que permitirán levantar viviendas en subdivisiones, siempre que se resguarde una porción del terreno para actividades silvoagropecuarias, de conservación o restauración ambiental. La iniciativa también fija exigencias de servicios básicos, accesibilidad, mitigación ambiental y convivencia vecinal. Paralelamente, restringe la aplicación del DL 3.516 exclusivamente a fines productivos, fortaleciendo las atribuciones fiscalizadoras del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).
Entrevistada por nuestro diario, la ministra Fernández aclaró que no se trata de prohibir nuevas formas de habitar el campo, sino de asegurar que ellas no terminen desplazando las funciones esenciales de la ruralidad. Porque lo que está en juego no es solo el precio de la hectárea o la plusvalía de un lote, sino la posibilidad de que las generaciones jóvenes encuentren en el campo un horizonte de vida y trabajo. La realidad muestra que muchos optan por vender sus predios porque resulta más rentable que seguir cultivándolos, mientras los pueblos pierden población y envejecen, configurando un círculo de declive difícil de revertir.
Lo cierto es que la discusión trasciende lo jurídico. Estamos frente a un dilema cultural y social. ¿Qué entendemos por vida rural? ¿Cómo conciliamos el legítimo deseo de quienes buscan residir fuera de las ciudades con la necesidad de preservar la vocación agrícola, el agua y los ecosistemas? La experiencia muestra que prohibir de manera absoluta solo conduce a la irregularidad, como también la permisividad ilimitada degrada los suelos, fragmenta comunidades y debilita la seguridad alimentaria.
Ñuble, como la región más rural de Chile, está en la primera línea de esta tensión. Sus comunas han visto proliferar las parcelas de agrado, muchas veces sin caminos adecuados, sin agua potable ni alcantarillado, y con un efecto colateral sobre los recursos hídricos y la transformación de suelos agrícolas. Esta dinámica erosiona las bases mismas de la economía regional, basada históricamente en la agricultura y la producción de alimentos.
Han pasado 45 años desde que la dictadura abrió, mediante el DL 3.516, la puerta a una liberalización que parecía inocua, pero que ha derivado en una transformación profunda del mundo rural. Hoy esa puerta no puede seguir abierta de par en par. Es tiempo de una legislación que equilibre los derechos de propiedad con el interés colectivo, que reconozca la diversidad de modos de vida, pero que asegure que la tierra siga siendo, ante todo, tierra para producir alimentos y sostener comunidades campesinas
