Diversas críticas por parte de la oposición generó el veto presentado por el Gobierno a la Ley de Usurpaciones.
El viernes último, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, confirmó el ingreso del veto presidencial que fue aprobada por el Congreso el pasado 30 de agosto.
Las observaciones del Ejecutivo apuntarán a tres aspectos: la autotutela o legítima defensa privilegiada, la graduación de las penas y los instrumentos para concretar la restitución de los bienes.
Desde Renovación Nacional, la diputada Camila Flores declaró que “el Gobierno se está poniendo del lado de los delincuentes“, mientras que el diputado de Evópoli y subjefe de la bancada, Jorge Guzmán expresó que el Ejecutivo “se puso del lado incorrecto de la historia y decidió escuchar a los terroristas, a la CAM y al Partido Comunista“.
En tanto, el presidente de la UDI, Javier Macaya, sostuvo que el Gobierno está a tiempo de revertir esa decisión y adelantó que votarán en contra del veto en caso de incluir un cambio a la legítima defensa privilegiada.
“No sean el vagón de cola del Partido Comunista”, emplazó Macaya al Ejecutivo sobre este tema y también ante la postura de la colectividad que encabeza Lautaro Carmona frente al proceso constitucional.
Defensa del oficialismo
De estas críticas se defendió el presidente del PC, Lautaro Carmona, quien en conversación con radio ADN señaló que “las afirmaciones que le asignan una capacidad sobrenatural al Partido Comunista es un viejo truco“.
“Hemos tenido una amplísima coincidencia con todas las fuerzas de Gobierno respecto a qué significa, cuál es el peligro, cuál es el retroceso de civilización que implicaría la llamada ‘autotutela’, donde los privados tendrían la potestad para recurrir al uso de las fuerzas de parte propia defendiendo una usurpación de algún inmueble o algún sitio que sea propia de ellos”.
A su vez, la diputada de Convergencia Social e integrante de la Comisión de Seguridad, Lorena Fries, aseguró que “el veto es una respuesta satisfactoria en términos de eliminar los aspectos más peligrosos de esa ley”.
“Lo que hace el Gobierno es actualizar el delito a las distintas realidades, ponerle distintas penas dependiendo del tipo de usurpación y dejar esto en manos de la fuerza pública, que es donde correspondía que estuviera. Entonces, es probable que se opongan al veto, pero eso sería una muestra más de lo poco razonables que han sido en materia de seguridad”, acusó.
