La Corte de Apelaciones de Chillán confirmó la resolución que ordenó la prisión preventiva del juez de Policía Local de Pemuco, Marcelo Campos Henríquez, imputado por el Ministerio Público como autor de los delitos de cohecho y violación de secreto, ilícitos perpetrados en el proceso de licitación de recambio de luminarias led del alumbrado público de la comuna.
En fallo unánime (causa rol 500-2020), la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Guillermo Arcos, Darío Silva y Claudio Arias– ratificó la resolución impugnada, dictada por el Juzgado de Garantía de San Carlos, el viernes 4 de diciembre pasado.
“Que, conforme al mérito de los antecedentes, no se aprecia que hayan variado sustancialmente las circunstancias que se tuvieron a la vista al momento de imponerse la prisión preventiva respecto del imputados Marcelo Campos Henríquez, dado que los cuestionamientos vertidos por la defensa dice relación con una interpretación distinta de los antecedentes recabados durante la investigación del Ministerio Público, relativo al principio de ejecución de los delitos por los cuales se ha formalizado al imputado y la legislación aplicable a su respecto”, consigna el fallo.
La resolución agrega que: “las alegaciones planteadas así como los antecedentes que constan, por ahora, en esta etapa de la investigación, a juicio de esta Corte no tienen el mérito suficiente, para situar el principio de ejecución de los hechos investigados en una época diversa a la señalada por el Ministerio Público”.
“Que, dado lo anterior, la necesidad de cautela viene dada por la circunstancia que ha sido formalizado por dos delitos, la penalidad asignada a los mismos y el carácter de los hechos investigados, de lo cual aparece que la libertad del encausado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, que se satisface únicamente con la prisión preventiva, concurriendo en la especie todos los requisitos exigidos en el artículo 140 del Código Procesal Penal”, concluye el fallo. Según datos vertidos por el ente persecutor en la audiencia de formalización, mediante una investigación que incluyó la interceptación de teléfonos y seguimientos, se logró detectar que entre 2016 y 2017, los imputados representantes de la empresa Itelecom decidieron -como política de la empresa- ofrecer sobornos a funcionarios públicos con el objeto de asegurar la adjudicación de licitaciones públicas vinculadas a la instalación de luminarias led en distintas comunas del país.
