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Por unanimidad y con los votos de los ministros Eduardo Fuentes (presidente), Lamberto Cisternas, Jorge Dahm y Jorge Burgos, el Tribunal Calificador de Elecciones de Santiago (Tricel) rechazó el recurso de protección interpuesto por Felipe Aylwin en su calidad de alcalde de Chillán Viejo, respecto a la resolución del Tribunal Electoral Regional (TER) de Ñuble, de suspenderlo de sus funciones públicas, como consecuencia de estar en calidad de acusado en la causa penal de fraude al Fisco, que desde el 7 de junio se arbitra en el Tribunal Oral en lo Penal de Chillán.
Se trata de una resolución inapelable, conforme a lo que dice el artículo 13 de la Ley Orgánica 18460 del Tricel y que dice que contra las resoluciones del Tribunal no procederá recurso alguno, habiendo un plazo máximo de cinco días siguientes a la resolución (del 23 de julio) para dejar sin efecto el pronunciamiento solo y en el único caso que se detectara algún error de hecho (no de derecho) en la redacción del fallo.
Esto significa que, confirmada la resolución de primera instancia, Felipe Aylwin ocupó el cargo de alcalde de la Municipalidad de Chillán Viejo de manera ilegal, puesto que conforme al dictamen original, se le suspendió de manera inmediata a la acusación hecha por el fiscal Álvaro Serrano, en el Juzgado de Garantía de Chillán el 11 de febrero de 2019, es decir cinco meses y 12 días en que, por lo tanto, se podrá cuestionar la validez de todas sus desiciones, resoluciones, despidos, contratos, firmas de convenios y actas en general.
Será el secretario municipal quien deberá citar a sesión extraordinaria para que dentro del Concejo Municipal se elija a quien será el alcalde suplente.
Hasta el fin del juicio
Esta suspensión tendrá efecto hasta el día en que el Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Chillán, dicte sentencia en el llamado caso fraude al Fisco y en que el suspendido alcalde es parte del hecho 1 de imputaciones, por simulación de contrato.
Si se le condena, el TOP podría acoger la solicitud del Ministerio Público en relación a privarlo de la libertad de ejercer cualquier cargo u oficio público por el tiempo que dure la condena, que en el caso de Aylwin, la postularon en 5 años y un día.
En caso de absolución, entonces la suspensión se acaba y Aylwin podría retomar su cargo con normalidad, restaurando, si lo estima necesario, toda resolución que haya sido anulada por el alcalde suplente.
Otro de los alcances delicados de su suspensión es que deberá reembolsar todo el dinero recibido por concepto de remuneraciones desde el día de su suspensión.
Aylwin, cuya remuneración promedia 4.550.000 de pesos líquidos al mes, deberá devolver esa cifra multiplicada por los cinco meses que estuvo al mando municipal en calidad de suspendido, es decir, más de 22 millones de pesos.
“Eso es algo que también tendremos que ver, pero ahora le pediremos a la Contraloría Regional que se pronuncie al respecto, porque ese dinero es parte del erario público y que tiene que ser devuelto”, explicó Esteban San Martín, abogado representante de los concejales Patricio San Martín, Jorge del Pozo y Pablo Pérez, quienes iniciaron las acciones legales que terminaron en el Tricel.
El concejal San Martín, dice que el “municipio no estaba concentrada en la gente por causa de este juicio, el mismo alcalde no estaba del todo trabajando para lo que se supone debería trabajar, porque la mitad del día estaba en el tribunal”.
Para el edil opositor a la gestión de Aylwin, ahora con un alcalde suplente, se espera darle normalidad al día a día del consistorio, pese a que hay otros funcionarios en calidad de acusados, como Ulises Aedo, Paola Araya, Gabriela Garrido y Francisco Fuenzalida.
No esconde, de todas maneras, la preocupación por lo que se debe resolver en cuanto a las actas y resoluciones firmadas por Aylwin.
“Eso es un tema muy delicado porque se debe zanjar de manera legal y le pediremos a nuestros abogados que lo estudien. La idea es ratificar lo que firmó en ayuda directa de la comunidad, pero se debe hacer con transparencia y bajo el marco de lo legal”, advirtió.
Pedirá aclaración
Julio Díaz de Arcaya, abogado de Aylwin, afirmó “no estar conformes con el fallo, ni menos compartirlo”, por lo que “cuando nos llegue y podamos leer los argumentos solicitaré que se me aclaren los fundamentos de éste, toda vez que sabemos que ya no se puede modificar”.
Díaz de Arcaya espera contactarse hoy con el suspendido alcalde, quien está en el Hospital Clínico de la Universidad Católica en recuperación tras ser sometido a un trasplante de riñón el viernes 19 de este mes.
Incumplimiento contumaz
En el plano penal, el fiscal Álvaro Serrano, el mismo 7 de junio, cuando hacía su alegato de apertura correspondiente al juicio por fraude al Fisco, dijo que “el señor Aylwin está ejerciendo un cargo público de manera ilegal, es una persona contumaz en incumplir las leyes”.
Pese a que en la defensa se negaron estos dichos hasta con gotas de ironía, “hoy, esta resolución del Tricel que confirma lo fallado en primera instancia, nos da la razón. A él se le dijo en todos los tonos, tanto el TER y la Contraloría, que estaba suspendido y ahí seguía”, dice Serrano.
No hay claridad específica sobre una posible fecha para el fin del juicio que tendría que terminar con la absolución (y fin de la suspensión, por consiguiente) o condena de Aylwin.
Sin embargo, y a más de un mes y medio de iniciado el litigio, aún se está en la etapa de presentación de cargos. “Lo que queda de esta semana y la que viene, estimo, seguiríamos con la prueba testimonial y la documental”, adelantó el fiscal.
Lo que resta es la prueba de descargo, es decir la presentación de testigos y documentos inscritos por la defensa de los diez acusados, aunque ya varios adelantaron a LA DISCUSIÓN, que despedirán a la gran mayoría de los testigos, por considerar que ya no sería necesaria su comparecencia
