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Hace tiempo que los chilenos y chilenas tenemos dificultades para encontrar en qué confiar y en quiénes confiar. Falla la oferta. Y si bien no es novedad cuando se habla del mundo político, la situación es particularmente crítica respecto del sistema de justicia.
De acuerdo a la última encuesta Cadem-Plaza Pública, conocida la semana pasada, todos los atributos del sistema de justicia en Chile son evaluados negativamente. Al 82% de la población no le genera confianza, el 74% no cree que sus procedimientos sean transparentes, 73% tampoco cree que es eficiente y 65% no la considera una institución moderna. Además, el 49% responsabiliza a los jueces de que la justicia no funcione como se esperaría, 44% a las leyes, 37% al gobierno y 36% a la fiscalía y fiscales.
Como éste, hay estudios que muestran que los problemas que enfrentamos como sociedad y tienen como causa última la falta de confianza en nuestras instituciones políticas.
La última versión de la encuesta sobre Factores de Confianza en Instituciones Públicas, que realiza la OCDE, muestra que mientras en los países que la integran, el 54% de la población tiene una alta o moderada confianza en la justicia, en Chile ese porcentaje no supera el 25%. Estos 29 puntos de diferencia son la mayor brecha en todo el informe.
A nivel individual, cuando dudamos unos de otros, es imposible establecer relaciones estables, duraderas y positivas. Por otra parte, la confianza interpersonal permite a las personas establecer vínculos sociales para desarrollar acciones conjuntas, desde formar una familia, hasta un emprendimiento o un colectivo para defender los derechos de las minorías. Y por último, la confianza institucional es la que permite que las instituciones posean un mayor grado de legitimidad y estabilidad. Los países que logran esta trilogía de confianza presentan una mejor integración, desempeño económico y estabilidad social y democrática.
De los resultados de estos y otros estudios también se puede deducir que los principales factores que erosionan la confianza en la justicia son la desigualdad y la corrupción. Cuando se escoge a los aspirantes con mejores contactos en vez de los más capaces, cuando personajes corruptos asumen cargos relevantes, cuando los y las fiscales se convierten en clientes de parlamentarios y parlamentarias para ascender en sus carreras; cuando las redes de contactos son vistas como el factor más importante para el éxito profesional de jueces y abogados la confianza se debilita, si es que no se rompe y a veces para siempre.
¿Cómo es posible recomponer la confianza en la justicia chilena, sobre todo después de la Caja de Pandora que se está abriendo con el Caso Hermosilla?
Hay dos cuestiones que son clave. Lo primero es entender que la confianza no se recupera de la misma manera en que se recuperan otras cosas, hay que ganársela. Y lo segundo, reformar el sistema de nombramientos judiciales (incluidos conservadores y notarios), dotándolo de procesos más transparentes y basados en el mérito de las y los postulantes, y no en redes de contactos.
Encuestas y estudios revelan que la gran mayoría de las personas en nuestro país advierte que la justicia está en crisis y es consciente de su severidad. Ahora es tiempo que jueces, abogados, funcionarios judiciales y autoridades hagan algo por reconstruir un sistema judicial que inspire confianza y respeto en la sociedad chilena.
