Hace tiempo que la seguridad vial ha dejado de ser un asunto técnico o policial para convertirse en un problema social de primera magnitud. Lo revela el escenario que enfrentaremos este fin de semana con más de 282 mil vehículos que circularán por las carreteras de la región durante el feriado de Fiestas Patrias, un 25% más que el año pasado, según estimaciones de la Dirección de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas y las empresas concesionarias de las principales rutas.
La cifra ilustra la presión que se cierne sobre nuestras vías, sobre las capacidades de fiscalización y, sobre todo, sobre la responsabilidad de los conductores.
La seremi de Transportes de Ñuble, anticipándose a esta verdadera avalancha de desplazamientos, desplegó un plan especial de fiscalizaciones en los terminales La Merced y María Teresa de Chillán, además de controles al transporte urbano. La revisión de documentos, las condiciones técnicas de los buses, el uso de cinturones y los tiempos de conducción parecen, a primera vista, asuntos rutinarios. Pero en un contexto donde cada descuido puede transformarse en tragedia, son acciones que cobran un importante valor preventivo.
El recuerdo inmediato no admite relajo. En 2024, Ñuble registró 85 siniestros de tránsito, con un saldo de seis personas fallecidas y 49 lesionadas.
Lo más inquietante es que el 80% de esos accidentes obedeció a fallas humanas, principalmente imprudencia al conducir, ya sea por distracciones por el uso del teléfono, maniobras temerarias, consumo de alcohol o exceso de velocidad.
No fueron, por tanto, una fatalidad inevitable. Es un patrón, una patología social que evidencia la incapacidad de un número significativo de ciudadanos para comprender que al volante se tiene en las manos, literalmente, la vida de otros.
Las Fiestas Patrias son, por tradición, un momento de encuentro y de identidad y por ningún motivo deben convertirse en el escenario de lutos evitables. La conducción responsable no es un gesto de sacrificio, sino de respeto por la vida.
En Ñuble, como en el resto del país, necesitamos comprender que cuando en medio de las celebraciones -del tipo que sean- se normaliza la imprudencia, la tragedia seguirá siendo una rutina. Y no hay rutina más siniestra que aquella que se mide en familias desgarradas y proyectos de vida que nunca llegan a destino.
La autoridad cumple su papel al advertir sobre las sanciones que contempla la ley. Pero la experiencia indica que los castigos, por severos que sean, no modifican sustancialmente las conductas si no están respaldados por una cultura de respeto. La seguridad vial, en última instancia, no debería sostenerse en la amenaza de la multa o la cárcel, sino en la madurez cívica de los conductores. Cuidar la vida propia y la ajena no es un mandato que deba imponerse desde afuera, sino un deber que debería emanar de la conciencia de cada uno.
