Share This Article
Este año se producirán tres hitos para igual número de concesiones viales estratégicas que conectan a la Región de Ñuble con el resto del país: la relicitación del tramo Talca-Chillán de la Ruta 5 y elaboración de los nuevos contratos de concesión -también para relicitar- del tramo Chillán Viejo-Collipulli y de la Autopista del Itata.
El primer proceso, consistente en una licitación internacional para contratar un nuevo operador de la concesión de la Ruta 5 Talca-Chillán (el actual expira en mayo de 2020), ya está en marcha y considera la construcción de dos nuevos accesos en Chillán, por el sector poniente, específicamente por Sepúlveda Bustos y Parque Lantaño. También contempla habilitar un acceso en el lado sur de San Carlos, por el sector de Nahueltoro, caleteras de ingreso a ciudades, pasarelas peatonales y otras obras que beneficiarían a las comunas de Ñiquén, San Carlos, San Nicolás, Chillán y Chillán Viejo.
En los otros dos casos -el tramo Chillán Viejo-Collipulli de la Ruta 5 y la Autopista del Itata, el Estado, a través de la Coordinadora de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas, debe elaborar las bases de licitación de lo que será la renovación de ambos contratos. Un proceso que esperamos sea participativo, de manera de incorporar la opinión del mayor número de actores, y permitir que efectivamente se eleve el estándar de estas carreteras.
Es por ello que la relicitación de ambas concesiones -tal como ocurrió con el tramo Talca-Chillán Viejo de la Ruta 5- constituye una oportunidad para los habitantes de las comunas ribereñas de superar las deficiencias de estas rutas, donde destacan, por ejemplo, las numerosas críticas a los bajos niveles de seguridad que ofrece la Autopista del Itata o la necesidad de incorporar más pasarelas peatonales y calles de servicios en la Ruta 5.
Cualquier conductor que haya transitado por estas carreteras sabe que existe un sinnúmero de deficiencias que aumentan el riesgo de sufrir un accidente, como el escaso número de pasarelas peatonales y la ausencia de cierres de confinamiento de la calzada, lo que favorece el cruce temerario de personas y animales, que en muchas ocasiones se traducen en atropellos. También se mencionan el ancho de las bermas en el caso particular de la Ruta del Itata, así como la presencia y tipo de barreras y la distancia entre ambas calzadas, aspectos técnicos que en países OCDE ya están resueltos, pero que en esta zona siguen siendo un factor de accidentes.
Y si bien muchos usuarios apuntan sus críticas a las empresas concesionarias, a las que condenan por cobrar peajes elevados y ofrecer un servicio mediocre, lo cierto es que el principal responsable de los montos que se cobran a los conductores y del estándar de la concesión es el Estado, que es quien define las bases de licitación y los contratos.
Por ello, ahora que el MOP trabaja en las bases de la relicitación es cuando resulta fundamental que se considere la opinión de los ciudadanos y autoridades locales, considerando que las concesiones de este tipo duran más de 20 años.
Y si bien se trata de discusiones técnicas, es clave que la comunidad sea consultada y que las ganancias de las concesionarias no lleguen a los escandalosos niveles observados en los contratos suscritos en la década de los noventa y que se explican a partir del monto de los peajes. Para evitar aquello, además del rol de los órganos fiscalizadores del Estado, la ciudadanía y sus representantes políticos deben estar atentos a este proceso.
